No hay justificación médica para el indulto a Alberto Fujimori

Revelaciones. Biopsias de íleon distal, de región ceco ascendente, de duodeno y de estómago realizadas al ex mandatario revelan que “no observa neoplasia maligna en las muestras”. Oncólogos Julio Morón y Élmer Huerta señalan que el paciente no ha hecho metástasis en otras partes del cuerpo.

Todo ok.  Fujimori en uno de los exámenes a que ha sido sometido en el Neoplásicas.

Nuevas revelaciones del programa ‘Tribuna Abierta’, que conduce Rosa María Palacios, sobre la salud actual del ex presidente Alberto Fujimori desmoronan la campaña que vienen impulsando la familia y algunos medios para que el jefe del Estado, Ollanta Humala, lo indulte.

Según lo presentado por el programa, las biopsias realizadas al ex mandatario en el íleon distal, en el duodeno, en la región ceco ascendente y en el estómago, así como los exámenes del tórax y la cabeza en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas indican que el supuesto cáncer no ha hecho metástasis en otras zonas de su cuerpo.

Los partes médicas confirman que Fujimori no sufre de enfermedad terminal como lo han señalado sus familiares y médicos. Los malestares que presenta, según los médicos son propios de su edad.

“En su cuerpo tiene trastornos propios de la edad, pero ninguno de ellos es amenazante en su vida, ni tiene relación con esta lesión superficial de la lengua que tuvo. Por los elementos que vimos en la última biopsia, el señor Fujimori no tiene cáncer invasor que haya penetrado en los tejidos. Eso debe ser de mucha alegría para él y su familia”, dijo el doctor Élmer Huerta, ex presidente de la Sociedad Americana de Cáncer.

“Todavía no tenemos pruebas fehacientes de que un problema de salud mental vaya a producir un problema físico. Lo tenemos como anécdota. Es sumamanete difícil de probar. Científicamente no se ha demostrado una prueba fehaciente de que todo caso de peso o depresión va a producir un caso de cáncer, diabetes o presión alta”, agregó  sobre la posibilidad de que su estado de depresión, como dicen sus hijos, aliente un proceso cancerígeno.

Exámenes

Los seis exámenes presentados reafirman que el posible cáncer que Fujimori tendría en la len gua no ha hecho metástasis en otras partes de su cuerpo.

La biopsia quirúrgica al estómago y duodeno realizada el 2 de setiembre en el INEN concluye que “no se observa neoplasia maligna en las muestras remitidas”. Sin embargo, da cuenta de que Fujimori padece de una gastritis crónica superficial  y profunda leve.

“(Lo que presenta) es un proceso inflamatorio en el tubo digestivo crónico”, sostuvo en el reportaje el médico Julio Morón Rodríguez, ex jefe de cirugía de cabeza y cuello del hospital Edgardo Rebagliati. “Toda enfermedad cuando es crónica podría desembocar en un cáncer, pero acá no hay eso”, sentenció.

El segundo estudio es una biopsia al colón del 9 de setiembre. Se da cuenta de una colitis crónica moderada, posiblemente producida por la edad o el estrés, dice Morón.

Tres tomografías realizadas al celebro del ex presidente señalan que existen calcificaciones benignas en su cerebro.

No se han observado lesiones, aneurismas, ni hemorragia intracraneal alguna. Tampoco hay presencia de tumores, ni otro tipo de masas.

La conclusión a la que llega el estudio es que el cerebro de Fujimori se encuentra dentro de los límites normales.

Finalmente, la resonancia magnética realizada a la columna vertebral del interno solo revela la presencia de lesiones en los discos, que, como señala Morón, también serían producidas por la edad.

El miércoles pasado, Tribuna Abierta presentó un parte del INEN del 24 de agosto en el que se señala que el ex presidente Alberto Fujimori no tenía cáncer, aunque sí riesgo de que reaparezca. Su situación desde esos análisis no ha variado.

A mediados de junio, otro parte médico del INEN arrojaba que la salud de Fujimori era estable. Una resonancia magnética señalaba que el estado de su encéfalo era normal, salvo la degeneración propia de la edad. Sobre la lengua, indicaba que había lesión sobre el borde, displasia moderada y severa pero sin tumores.

El análisis de dichas fechas sobre el tórax también revelaba que el ex presidente, actualmente recluido en la Diroes,  estaba en buenas condiciones, pulmones sanos, aunque endurecimiento de la arteria aorta y una espondilosis degenerativa.

Una tomografía al páncreas indica que el quiste pancreático de Fujimori se encuentra en estado estacionario en relación con el control previo.

Las ecografías de tiroides señalan que no hay lesiones ni en el cuello ni en la glándula tiroides.

En conclusión, Alberto Fujimori goza de buena salud y nada justifica su indulto. ❧

Kenji: “La decisión de la familia (sobre el indulto) ya está tomada”

Kenji Fujimori, el último hijo del ex mandatario Alberto Fujimori, sostuvo que este mes su familia ha decidido solicitar el pedido de indulto humanitario para su padre a las autoridades del gobierno.

“Basta con ver a mi padre para darse cuenta de que su salud no está bien”, declaró en el programa “Abre los ojos”, de Frecuencia Latina.Además, señaló que el ex presidente Alan García no tomó la decisión de indultarlo por “un cálculo político a futuro”.

Insistió en que su padre es un paciente de cáncer de alto riesgo que se agrava por las condiciones de carcelería.

“Hay que entender que esto ya no es un tema ideológico o de color político, es un tema humanitario, de salud”, sostuvo el congresista.

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“Existen muy pocos controles de los equipos de interceptación telefónica legal”

Ricardo Calderón Villegas. Periodista colombiano de la revista Semana que investigó espionaje telefónico.
Escándalo de chuponeo. El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe. Sus opositores fueron

La revista Semana reveló en febrero del 2009 que el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) realizaba interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados y opositores al gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. La República conversó vía telefónica con Ricardo Calderón, autor de los reportajes investigativos.

¿Cuál es el mayor riesgo de estos programas de interceptación telefónica legal?

Demostramos que existen muy pocos controles. Interceptar con fines políticos o delincuenciales es muy fácil. Vea, para interceptar legalmente un número, se necesita la aprobación de un fiscal y la autorización de un juez. Pero como no hay muchos controles, acá lo que más hizo el DAS fue camuflar el número de un magistrado o un político como si estuviera involucrado en una investigación real, por ejemplo, de un secuestro.

En el Perú el fiscal es el único que programa los números a ser interceptados. Allá, ¿cómo es?
En teoría, funciona igual, pero hay trucos. Cuando hicimos las denuncias dijeron que era imposible interceptar números que no fueran de narcotraficantes o guerrilleros. Pero muchas veces los fiscales por desconocimiento o en complicidad ingresan números que pedía la DAS al sistema Esperanza (versión colombiana de Constelación). Nosotros descubrimos que entre las conversaciones de secuestradores aparecía la conversación de un magistrado o un político que no tenía nada que ver en el caso. Pero era muy difícil rastrearlos porque generalmente los introducían en investigaciones pequeñas de provincias.

¿Qué institución supervisa los equipos de interceptación?

Acá hay como 2 sistemas grandes que se utilizan. El matriz es “Esperanza”, que está compuesto por 18 salas de interceptación fijas, con un promedio de capacidad entre 800 y 1000 líneas telefónicas por cada una. Ese complejo es administrado por la Dirección Nacional de Fiscalía, y ésta a su vez le otorga un cupo determinado de salas a la Policía, al DAS, y al cuerpo técnico de investigaciones. El problema es que también hay equipos tácticos móviles que nadie supervisa. En agosto del año pasado se compraron los últimos 20 equipos móviles de interceptación.

¿Cómo son esos equipos móviles?

Son como un maletín-computador. El más moderno tiene una capacidad entre 20 y 30 líneas de celulares. Hay dos formas que pueda interceptar: coge la señal del espectro electromagnético o se acercan a las antenas de las compañías celulares y comienzan a bajar indiscriminadamente los números que requieran. Ese equipo no tiene el control absolutamente de nadie. Se entrega un equipo al funcionario encargado y puede interceptar lo que quiera. Muchos fueron donados por el gobierno de EEUU. Valen alrededor de 500 mil dólares y te dan la ubicación exacta de la persona a la que están interceptando. Algo más, puede grabar con el celular apagado. Lo usan como micrófono.

¿La DEA los donó?

Llegó por distintos lados. El primero fue de la DEA y cuando se dispara la tasa de secuestros, el gobierno compra. Llegó una cantidad enorme de equipos que finalmente fueron para hacer espionaje político y actividades ilegales. Lo complicado fue que cuando la fiscalía estaba investigando y quiere ir a hacer una inspección para ver qué números grabaron, sencillamente la embajada norteamericana no colaboró.

¿Si uno de esos equipos portátiles cayera en manos de narcotraficantes, podrían operarlos en contra del Estado?

Sí. Hace 5 años se encontró uno de estos equipos en un allanamiento que hizo la policía a un jefe del Cartel del Norte del Valle, Wilber Varela. Lo utilizaba para interceptar a sus captores y otros capos.

¿Se necesita que el juez ordene a la empresa de telefonía que abra un canal para que se pueda realizar la interceptación?

No, en Colombia no sucede así por un tema de corrupción por parte de las empresas. Si la escucha es legal, el sistema puede, sin necesidad de notificarle a la empresa, interceptarlo. Así lo adoptó la fiscalía porque no tiene garantía de que la empresa no llame al usuario de ese número y le diga “la fiscalía lo está investigando”. Lo que sí se les puede pedir a las empresas es el reporte de llamadas.

¿Cómo se evalúa la idoneidad del personal que hace las escuchas? ¿Con polígrafo de la DEA?

Se supone que están sometidos a polígrafos periódicos por parte de la fiscalía, la policía y la DEA.

Pero la prueba no era muy difícil. El operador que ingresaba los números al sistema iba con un segundo. Este segundo no siempre era sometido al polígrafo, así que era el que solicitaba interceptar nuevos números para los casos de crimen organizado, que en verdad resultaban ser de rivales políticos de Uribe. Recién a raíz del escándalo hay verificaciones diarias sobre las salas de interceptación y reportes sobre qué se conversa en cada línea.

¿Cuáles fueron las etapas del descubrimiento?

En el año 2003, publicamos unas primeras entregas sobre equipos de interceptación arrancando el gobierno de Álvaro Uribe. El 2009 ya no se profundizó mucho en estos equipos, sino en otros porque cambian muy frecuentemente, a medida que cambia la tecnología celular. La vida útil puede ser de un promedio de 2 años.

¿Quiénes fueron los principales objetivos?

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todos los políticos de oposición de Uribe, principalmente el Partido Liberal y el Polo Democrático (PD). El PD tenía 30 dirigentes visibles, y todos fueron interceptados y seguidos. Con la información que recogían, mandaron una serie de operativos de guerra sucia contra ellos.

¿Por qué intervinieron a los magistrados?

Por las investigaciones que ellos comienzan a adelantar sobre vínculos entre políticos relacionados con el ex presidente Uribe y paramilitares. Uribe también interceptó al Senado para saber si iba a aprobar su trámite para la reelección.

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La gran desilusión

Activistas sociales que apoyaron decididamente el proyecto nacionalista de Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral ven hoy con decepción el viraje del régimen hacia la derecha. Ahora han pasado a ser hostigados por la policía, que irrumpe en sus reuniones solo porque ellos cuestionan las decisiones del gobierno.

Nuevos vientos. El apoyo a Humala quedó atrás. La crítica se abre paso para obligar al presidente a que cumpla sus promesas.

Lunes, 10 de la noche. Mensajes en Facebook advierten sobre la intervención policial al centro cultural Casa Pocofloro cuando se desarrollaba una charla informativa sobre la contaminación que generaría el proyecto Conga en Cajamarca. Las primeras reacciones son “¿Por qué ha ido la policía?”, “¡El estado de emergencia ya llegó a Lima!”, “Ollanta, devuélveme mi voto”, “Fuera Valdés” y “Ni en tiempos de Alan García pasaba esto”.

La mayoría de estos comentarios provenía de gente que había contribuido, directa o indirectamente, a que Humala ganara las elecciones. Algunos trabajaron para la campaña, otros fueron parte de los piquetes informativos de Gana Perú y los más reacios apoyaron desde una ilustrativa campaña anti Keiko Fujimori.

Un torpe operativo policial fue el colofón de tres semanas en las que la credibilidad del presidente Ollanta Humala se fue esfumando entre estos jóvenes.

Minutos después de las 7 de la noche del lunes, una oficial vestida de civil de la sétima región policial ingresa a la casa ubicada en la cuadra 14 de la avenida Alfonso Ugarte. Cuatro vehículos rodean la casa. Pocos minutos antes, algunos efectivos despistados habían ingresado a la Casa del Pueblo del APRA en busca de una actividad contra Conga.

“Nos dijeron que venían a guardar nuestras garantías para que no haya infiltrados. Es un absurdo, porque es uno quien tiene que pedir las garantías”, señala Mónica Miros, cabeza visible de la Casa Pocofloro. Entre los asistentes al evento se encontraban representantes de la provincia de Celendín, en Cajamarca, y el ingeniero Secundino Silva Urquía, quien iba a dar la charla sobre el impacto en el medio ambiente del proyecto minero. Presuntamente la policía habría estado tras ellos.
“La policía nos dijo que esta era una de las actividades que tenían registradas en relación con los reclamos de Conga y por eso vinieron”, señala Mónica.

“La gente de la Casa Pocofloro se siente traicionada por las políticas que se están implementando. En campaña la visión de Ollanta era otra, y nosotros apoyábamos esas políticas antes que a su persona”.

La campaña electoral

6 de junio del 2011, 12:10 am. Ollanta Humala se retira del mitin del triunfo que se había organizado en plaza Dos de Mayo. La poca gente que se quedó esperándolo hasta esas horas se retira a sus casas como puede. Un nutrido grupo de jóvenes activistas de la campaña contra Keiko se reúne en la Casa Pocofloro. Júbilo absoluto. No solo habían colaborado con la debacle del fujimorismo, sino también vieron la derrota de cierta prensa limeña que desplegó una guerra sucia mediática. Lo lograron, contra todo, contra todos.

Tras el resultado de una primera vuelta que polarizó al país, muchos jóvenes y activistas cambiaron las banderas del No a Keiko por el Sí a Humala. “La única alternativa que teníamos que prometía cambios en el país era Ollanta Humala”, recuerda Libertad Casavilca, militante del Movimiento Tierra y Libertad.

Salieron a hacer piquetes informativos, pintas nocturnas, escenificaciones  teatrales y organizaron la gran marcha del 26 de mayo. Muchas de estas se gestaron desde la Casa Pocofloro.

“La ilusión se infló en la segunda vuelta. La polarización obligó a sentirnos más identificados con el proyecto, a salir a las calles, repartir volantes, convencer gente”, recuerda el activista Paul E. Maquet.

Para Maquet, al inicio de la gestión, Humala dio buenas señales a la izquierda, como el nombramiento de Raquel Yrigoyen en Indepa, José de Echave en el viceministerio del Minam y el equipo que acompañó a Aída García Naranjo en el Mimdes. Pero dejaron pasar otras señales, como la falta de interlocución con sectores sociales para negociar el nuevo gravamen minero.

“Ahora se ha recuperado el proyecto original de nacionalismo populista y redistributivo. Busca solo extraer más recursos”, señala Maquet.

Omar Cavero, del colectivo Acción Crítica, también está desconcertado: “Lo que nos sorprende es la rapidez (apenas cuatro meses desde que Humala inició su gestión) con que ha cedido a las presiones de los grupos de poder económico. El punto de quiebre fue el mensaje a la nación en el que señala que el proyecto Conga iba sí o sí. Se pasó de dar señales de tranquilidad al empresariado a prácticamente ser el vocero de Yanacocha”.

El 24 de noviembre, Humala anunció que Cajamarca iba a tener agua y oro, y que no eran incompatibles. Fue la primera mala señal para ellos, pues incumplía su promesa de campaña en Celendín.

A partir de esa fecha se empezaron a reproducir masivamente los mensajes contra Conga y otros que le pedían a Humala que retome las ideas por las que lo habían apoyado. El respaldo a la paralización en Cajamarca se hizo evidente pero se pensaba que pronto se iba a llegar a una solución pacífica.

La declaratoria de estado de emergencia en cuatro provincias y la intervención policial-militar acabó abruptamente con el apoyo juvenil. Los mensajes contra Valdés fueron los más mentados en las redes sociales.

Cavero esperaba un reordenamiento diferente de prioridades: el diálogo antes que la inversión, las comunidades antes que las mineras. Pero Humala se fue alejando poco a poco de la alianza con la sociedad civil para acercarse hacia el empresariado y su gen militarista.

“No cuestionamos a Humala por su mirada sobre el desarrollo, sino por cómo entra a dialogar con la población. No se justifican la intolerancia ni la represión”, señala Libertad Casavilca. “El gobierno ha tomado Cajamarca como un ejemplo de cómo enfrentará los conflictos sociales en otras zonas”. El otro tema que preocupa a estos activistas sociales es el nombramiento de Ana Jara como ministra de la Mujer y Desarrollo Social. Ella podría anular las iniciativas a favor de los derechos sexuales y reproductivos. “Hay que esperar, ver cómo se comporta. Es difícil avizorar sus políticas por más que sea evangélica”, señala Libertad.

Los activistas sociales a los que entrevistamos coinciden en que ahora tienen una responsabilidad a corto plazo: cohesionar un frente de organizaciones sociales que permita, por lo menos, presionar para que Humala cumpla con la Hoja de Ruta. A mediano plazo quieren construir organizaciones sólidas que no tengan que volver a depender de un advenedizo.

No se arrepienten de haber votado por Humala, pues consideran que la otra opción hubiese sido más represiva.
Al interior de la juventud del Partido Nacionalista, la situación es más incierta. Si bien el sector que proviene de la izquierda no ve con buenos ojos estos cambios, el otro sector que rechaza a la izquierda celebra la purga ministerial.

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Cómo se organizó la primera protesta que complica a Humala

Los manifestantes dicen que el proyecto contaminará la zona.

Muchos de los habitantes de la región de Cajamarca, en el norte de Perú, no se olvidan de la pregunta que soltó en un mitin, durante la campaña electoral, el entonces candidato Ollanta Humala: “¿Qué es más importante? ¿El agua o el oro?”.

Ante la abrumadora respuesta de los cajamarquinos, Humala anunció: “Yo me comprometo a respetar la voluntad de (las zonas de) Bambamarca y Hualgayoc con respecto a la minería. Se van a respetar las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua es para los peruanos”.

En Cajamarca, Ollanta Humala ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales gracias al voto rural. Mientras en la ciudad de Cajamarca alcanzó el 42% de los votos, a nivel de toda la región logró el 51%. La gente que votó por él, principalmente de las comunidades enfrentadas con la explotación del yacimiento Minas Conga por parte de la empresa Yanacocha, es la que más ha protestado.

Después de 11 días de paralización, hace una semana el premier Salomón Lerner y los ministros de Interior, Inclusión Social y Trabajo viajaron a Cajamarca para establecer un diálogo con las autoridades locales. Un contingente de personas vestidas de polera blanca los recibieron. Tenían carteles con mensajes de paz, en contra del paro y llamaban “terroristas” a quienes participaban en las protestas.

Uno de ellos era Roger Rodrigo, vendedor de seguros, quien señalaba que a causa del paro no pudo cerrar ningún contrato. “Todo el desagüe de la ciudad va al río y eso contamina más. Las autoridades critican a la minería, pero no hacen nada”, señaló enojado. Paralelamente, un contingente policial de más de tres mil personas arribó a Cajamarca para dar seguridad a la reunión entre ministros y autoridades locales. La población expresó su malestar por lo que consideraban la militarización de un conflicto social que no había desbordado en violencia extrema, a diferencia de otras protestas antimineras. La declaratoria de estado de emergencia después de esa fallida reunión descomprimió el conflicto, pero no lo ha zanjado del todo.

Minas Conga es un proyecto que está a unas tres horas en camioneta desde la ciudad de Cajamarca. La altitud es de 4.100 metros y el terreno es húmedo y frío, gracias a la abundancia de bofedales y aguas subterráneas. Al igual que toda la cabecera de cuenca de Cajamarca, está llena de lagunas. Las cuatro principales que serían afectadas por la explotación minera son Perol, Mala, Azul y Chica. Sin embargo, la actividad minera representa el 26% de la economía cajamarquina.

Los campamentos que se formaron alrededor de las lagunas se despoblaron después de la declaración de estado de emergencia. La rutina de los manifestantes era alternar 24 horas de protesta con 24 horas de trabajo. Algunos caminaban hasta cinco horas para llegar al campamento. Los ronderos, grupos paramilitares de seguridad, garantizaban que los vehículos de la mina no llegaran a la zona de protesta. Los manifestantes argumentan que, tras el primer proyecto minero de Yanacocha, se secaron las lagunas. Según Germán Sangay, alcalde de la localidad cajamarquina de Combayo, los cultivos que antes se regaban con las aguas del río Azufre murieron por la contaminación de ese proyecto y que ellos quieren evitar que esto se repita en el río Chonta, que nace de la cuenca de la laguna Perol. Todos estos argumentos son rechazados por Yanacocha. Según el gerente de comunicaciones de la empresa, Roberto del Aguila, producto de este conflicto se están dejando de producir unos cinco millones de dólares diarios. Además, hay otros seis grandes proyectos de inversión mineros programados para iniciarse entre 2012 y 2016 en Cajamarca por US$ 4.746 millones.

Publicado en La Tercera de Chile.

Dirigentes de Cajamarca acuerdan mantener una resistencia pacífica

 

Panorama. En el primer día bajo el Estado de Emergencia, actividades se desarrollaron con normalidad en la región, mientras dirigencia acuerda resistir de manera pacífica. Gregorio Santos llega a Lima para cita de presidentes regionales.

Jonathan Castro y Rocío Maldonado.

Tomada. Así amaneció la ciudad de Cajamarca, con vigilancia extrema de la policía y el Ejército. De a pocos se reanudan las actividades comerciales.

En el primer día de Estado de Emergencia en Cajamarca, las actividades se desarrollaron con normalidad en varias ciudades de la región; pero sin que la dirigencia y las autoridades de Cajamarca aceptaran levantar el paro indefinido en rechazo al proyecto Minas Conga.

Precisamente, en  el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, se desarrolló una reunión, en la cual se acordó pasar a la resistencia pacífica en las cuatro provincias donde se ha decretado la medida de excepción, así como empezar la organización de la Gran Marcha Nacional del Agua.

El Comité Unitario de lucha por la Paz y la Defensa de Cajamarca pidió el levantamiento del Estado de Emergencia y anunció que se iniciarán protestas de brazos caídos, mientras que en las provincias de Cajabamba, San Marcos, San Miguel, Santa Cruz y Chota,  así como las demás no incluidas en la medida, continuarán las protestas pacíficas.

Se supo que el Defensor adjunto Rolando Luque trató, sin éxito, que los dirigentes firmaran el acta que rechazaron el domingo.

En tanto, el gobierno regional confirmó que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, estará hoy en Lima para asistir a la Asamblea de Gobiernos Regionales que se desarrollará en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Podría asistir el premier Salomón Lerner.

Vuelve la calma

Desde tempranas horas de la mañana de ayer se restablecieron las clases en los colegios, el transporte público y la atención en instituciones públicas. El comercio, los vuelos y el libre tránsito por la carretera ya se habían empezado a normalizar hace algunos días.

El director ejecutivo de la DIREOP, general PNP Américo Villena Túpac, sobrevoló las ciudades de Cajamarca, Celendín, Contumazá y Bambamarca para verificar el libre tránsito de vehículos.

“Hay un desarrollo normal de la ciudad, no hay bloqueos. Las personas que protestaban en la laguna Perol se han ido retirando por su voluntad”, señaló Villena, quien dijo que existe coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas para cuidar de los puntos estratégicos de la ciudad.

ABIERTO AL  DIÁLOGO

A primera hora de la mañana, el ministro del Interior, Óscar Valdés, recorrió los mercados de Cajamarca para supervisar su funcionamiento.

“Las cosas están regresando a la normalidad, aunque hemos percibido que los problemas de Cajamarca aún no se han solucionado. Vamos a continuar con el diálogo para entablar dos mesas de diálogo”, afirmó Valdés, quien sostuvo que si el diálogo se restablece, se podría levantar el estado de Emergencia antes de los 60 días.

Al comentar la reunión del domingo, el ministro refirió que había gente muy sensata, pero también líderes intransigentes que son dañinos. A las 9:30 retornó a Lima en un vuelo Antonov.
reinicia actividades

Ayer se informó también que Minera Yanacocha retomará sus actividades a partir de las 4 am de hoy en las minas que explota en la región.

Un trabajador de la minera confirmó que ya se le había comunicado que retornaría al trabajo.
Gobierno regional declara inviable proyecto Minas Conga

El Consejo Regional de Cajamarca acordó declarar inviable el proyecto Minas Conga mediante una ordenanza que será publicada en los próximos días en el diario oficial El Peruano. El acuerdo se sustenta en las falencias y vicios de procedimiento en los que, en su opinión, incurrió la minera Yanacocha.

La medida fue aprobada por unanimidad por los 16 consejeros , quienes advirtieron que el proyecto minero no solo afectará 4 lagunas, sino 5 microcuencas.

Elzer Elera López, presidente del consejo regional, reconoció que la ordenanza busca llamar la atención, aun cuando se sabe que no podría estar por encima de la resolución ministerial que aprobó la licencia del proyecto minero.

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Tras no llegar a un acuerdo, Humala anuncia estado de emergencia por 60 días en Cajamarca

 

Medida. Regirá en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá. La comitiva del gobierno, lideraba por el premier Salomón Lerner, no logró un entendimiento para levantar el paro indefinido contra el proyecto Minas Conga. Para las autoridades del Ejecutivo, un grupo de dirigentes muestra intransigencia.

Rocío Maldonado y Jonathan Castro

mensaje. Apenas se conoció el fracaso del diálogo, Humala anunció el estado de emergencia.

Pocos minutos después de las 10 pm, en un mensaje a la Nación, el presidente de la República, Ollanta Humala, anunció que el gobierno había decidido declarar el estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, del departamento de Cajamarca, durante 60 días.

Precisó que la medida rige a partir de las cero horas de hoy, luego de que la comitiva del Ejecutivo no alcanzara un acuerdo para levantar el paro indefinido contra el proyecto Minas Conga, iniciado el 24 de noviembre.

“La intransigencia de un grupo de dirigentes locales se ha puesto en manifiesto, no se han alcanzado acuerdos mínimos para que se restablezcan la paz social y los servicios públicos a los que tiene derecho Cajamarca”, sentenció Humala.

El anuncio del mandatario se veía venir luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, y el viceministro de Orden Interno, Alberto Otárola, señalaran que el Ejecutivo evaluaba una medida de excepción.

La decisión se adoptó después de un infructuoso diálogo a puerta cerrada que durante nueve horas sostuvieron ayer la comisión del gobierno y las autoridades regionales y municipales, además de dirigentes de la región.

Las 8:30 de la noche fue el último plazo que la comisión del gobierno otorgó a las autoridades y dirigentes de Cajamarca para suscribir un acta de entendimiento y levantar la medida de fuerza, informó el viceministro de Orden Interno, Alberto Otárola, minutos antes que se cumpliera la hora fijada.

Según su versión, luego de horas de diálogo, las partes estaban listas para firmar el acuerdo, pero tres dirigentes se oponían sistemáticamente al levantamiento de la paralización de 11 días.

“El Estado va a actuar con las armas que la ley le confiere”, dijo Otárola, quien no descartó la posibilidad de que se decrete el estado de emergencia en la región.

Tras las declaraciones del viceministro de Orden Interno, y poco antes de las 9 de la  noche, cuando ya se había cumplido el plazo otorgado por el gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, confirmó que no se había llegado a un entendimiento en Cajamarca, pese a que la mayoría de los dirigentes concordaban con la mayor parte de los planteamientos de la comisión del gobierno.

Lerner Ghitis lamentó que no se haya llegado a un acuerdo, aun cuando las expresiones de minería responsable fueron bien recibidas durante buena parte de la mañana por la dirigencia cajamarquina.
“Dejamos constancia de que quisimos que el diálogo sea fluido. Ahora vamos a hacer respetar el estado de derecho y la Constitución. La declaratoria de un posible estado de emergencia se decidirá en las próximas horas”, dijo en declaraciones a TV Perú.

Trascendió que los alcaldes de los distritos de Huasmín, Bambamarca, Sorochuco y La Encañada, jurisdicciones que se verán afectadas directamente con el desarrollo del proyecto minero, pidieron un plazo de 24 horas para consultar a sus bases antes de firmar cualquier compromiso. No aceptaron.

ENFRENTAMIENTOS

Tras conocerse que las conversaciones entre el gobierno y su dirigencia no llegaron a ningún acuerdo, y cuando aún no se decretaba el estado de emergencia, se produjeron algunas discrepancias entre la población que esperaba el resultado del diálogo.

Unos dos mil cajamarquinos se congregaron en la plaza de armas, la cual estaba fuertemente resguardada por efectivos de la Policía Nacional.

Dos mesas de diálogo

Durante la reunión con dirigentes y autoridades de Cajamarca, la comitiva del Ejecutivo planteó la instalación de dos mesas de diálogo. La primera referida específicamente al proyecto Conga, y la segunda relacionada con un plan de desarrollo en la región.

El contenido del acta, que no llegó a ser rubricada por las partes, y la mesa sobre el proyecto Conga tenían como finalidad atender las observaciones a las actividades de la empresa minera Yanacocha desde una perspectiva técnica, jurídica y ambiental.

En el escrito, difundido con esmero por la Presidencia del Consejo de Ministros, se deja constancia de que las organizaciones sociales y autoridades regionales y locales presentes en esa reunión solicitaron el retiro de la maquinaria del proyecto Conga y la inviabilidad del proyecto.

Esa fue la demanda que entrampó el diálogo. Trascendió, que Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental, se mostró inflexible en estos dos puntos.

La mesa de desarrollo de la región Cajamarca, según el acta, tenía como objetivo elaborar un plan de desarrollo de la región Cajamarca sobre la base de un proyecto de ordenamiento territorial alineándolo al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas de inclusión social y económica.

El compromiso era instalar ambas mesas de diálogo en un  plazo máximo de 72 horas.
En cifras

600 mil litros de leche se perdieron en nueve días de paro  en Cajamarca.

3 millones de soles diarios suman las pérdidas en el sector turismo.

11 millones de soles por día pierden los transportistas de carga pesada.
ENFOQUE

Esperemos que se restablezcan las condiciones para el diálogo

Enrique  Bernales
Constitucionalista

“El estado de emergencia es una figura constitucional que existe en todas las Constituciones del mundo como una medida que se adopta bajo circunstancias especiales que ponen en peligro el orden, la paz, la tranquilidad pública y los derechos de las personas. En el caso de Cajamarca es una lástima que se haya tenido que llegar a ese extremo, pero debemos ser conscientes de que el gobierno ha sido tolerante, porque ha habido una espera de 10 días, reiteraciones al diálogo y ministros que aún siguen en Cajamarca. También es cierto que se han encontrado con actitudes intransigentes y gestos que no generan una disposición para concederse mutuamente medidas que conviertan el diálogo en un camino de solución. Por lo demás, es una medida de emergencia con acciones de protección policial. Hay que esperar una reacción positiva de estas dirigencias exaltadas que han estado estimulando posturas que no tienen que ver con la legitimidad del reclamo de fondo sino con una actitud de intransingencia que poco a poco estaba llevando a un camino de violencia. Ojalá el estado de emergencia no dure mucho y se restablezcan las condiciones para que esa disposición de diálogo llegue a un camino positivo”.

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