“Existen muy pocos controles de los equipos de interceptación telefónica legal”

Ricardo Calderón Villegas. Periodista colombiano de la revista Semana que investigó espionaje telefónico.
Escándalo de chuponeo. El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe. Sus opositores fueron

La revista Semana reveló en febrero del 2009 que el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) realizaba interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados y opositores al gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. La República conversó vía telefónica con Ricardo Calderón, autor de los reportajes investigativos.

¿Cuál es el mayor riesgo de estos programas de interceptación telefónica legal?

Demostramos que existen muy pocos controles. Interceptar con fines políticos o delincuenciales es muy fácil. Vea, para interceptar legalmente un número, se necesita la aprobación de un fiscal y la autorización de un juez. Pero como no hay muchos controles, acá lo que más hizo el DAS fue camuflar el número de un magistrado o un político como si estuviera involucrado en una investigación real, por ejemplo, de un secuestro.

En el Perú el fiscal es el único que programa los números a ser interceptados. Allá, ¿cómo es?
En teoría, funciona igual, pero hay trucos. Cuando hicimos las denuncias dijeron que era imposible interceptar números que no fueran de narcotraficantes o guerrilleros. Pero muchas veces los fiscales por desconocimiento o en complicidad ingresan números que pedía la DAS al sistema Esperanza (versión colombiana de Constelación). Nosotros descubrimos que entre las conversaciones de secuestradores aparecía la conversación de un magistrado o un político que no tenía nada que ver en el caso. Pero era muy difícil rastrearlos porque generalmente los introducían en investigaciones pequeñas de provincias.

¿Qué institución supervisa los equipos de interceptación?

Acá hay como 2 sistemas grandes que se utilizan. El matriz es “Esperanza”, que está compuesto por 18 salas de interceptación fijas, con un promedio de capacidad entre 800 y 1000 líneas telefónicas por cada una. Ese complejo es administrado por la Dirección Nacional de Fiscalía, y ésta a su vez le otorga un cupo determinado de salas a la Policía, al DAS, y al cuerpo técnico de investigaciones. El problema es que también hay equipos tácticos móviles que nadie supervisa. En agosto del año pasado se compraron los últimos 20 equipos móviles de interceptación.

¿Cómo son esos equipos móviles?

Son como un maletín-computador. El más moderno tiene una capacidad entre 20 y 30 líneas de celulares. Hay dos formas que pueda interceptar: coge la señal del espectro electromagnético o se acercan a las antenas de las compañías celulares y comienzan a bajar indiscriminadamente los números que requieran. Ese equipo no tiene el control absolutamente de nadie. Se entrega un equipo al funcionario encargado y puede interceptar lo que quiera. Muchos fueron donados por el gobierno de EEUU. Valen alrededor de 500 mil dólares y te dan la ubicación exacta de la persona a la que están interceptando. Algo más, puede grabar con el celular apagado. Lo usan como micrófono.

¿La DEA los donó?

Llegó por distintos lados. El primero fue de la DEA y cuando se dispara la tasa de secuestros, el gobierno compra. Llegó una cantidad enorme de equipos que finalmente fueron para hacer espionaje político y actividades ilegales. Lo complicado fue que cuando la fiscalía estaba investigando y quiere ir a hacer una inspección para ver qué números grabaron, sencillamente la embajada norteamericana no colaboró.

¿Si uno de esos equipos portátiles cayera en manos de narcotraficantes, podrían operarlos en contra del Estado?

Sí. Hace 5 años se encontró uno de estos equipos en un allanamiento que hizo la policía a un jefe del Cartel del Norte del Valle, Wilber Varela. Lo utilizaba para interceptar a sus captores y otros capos.

¿Se necesita que el juez ordene a la empresa de telefonía que abra un canal para que se pueda realizar la interceptación?

No, en Colombia no sucede así por un tema de corrupción por parte de las empresas. Si la escucha es legal, el sistema puede, sin necesidad de notificarle a la empresa, interceptarlo. Así lo adoptó la fiscalía porque no tiene garantía de que la empresa no llame al usuario de ese número y le diga “la fiscalía lo está investigando”. Lo que sí se les puede pedir a las empresas es el reporte de llamadas.

¿Cómo se evalúa la idoneidad del personal que hace las escuchas? ¿Con polígrafo de la DEA?

Se supone que están sometidos a polígrafos periódicos por parte de la fiscalía, la policía y la DEA.

Pero la prueba no era muy difícil. El operador que ingresaba los números al sistema iba con un segundo. Este segundo no siempre era sometido al polígrafo, así que era el que solicitaba interceptar nuevos números para los casos de crimen organizado, que en verdad resultaban ser de rivales políticos de Uribe. Recién a raíz del escándalo hay verificaciones diarias sobre las salas de interceptación y reportes sobre qué se conversa en cada línea.

¿Cuáles fueron las etapas del descubrimiento?

En el año 2003, publicamos unas primeras entregas sobre equipos de interceptación arrancando el gobierno de Álvaro Uribe. El 2009 ya no se profundizó mucho en estos equipos, sino en otros porque cambian muy frecuentemente, a medida que cambia la tecnología celular. La vida útil puede ser de un promedio de 2 años.

¿Quiénes fueron los principales objetivos?

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todos los políticos de oposición de Uribe, principalmente el Partido Liberal y el Polo Democrático (PD). El PD tenía 30 dirigentes visibles, y todos fueron interceptados y seguidos. Con la información que recogían, mandaron una serie de operativos de guerra sucia contra ellos.

¿Por qué intervinieron a los magistrados?

Por las investigaciones que ellos comienzan a adelantar sobre vínculos entre políticos relacionados con el ex presidente Uribe y paramilitares. Uribe también interceptó al Senado para saber si iba a aprobar su trámite para la reelección.

Publicación original.

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