El reclamo de los Apus

Los apus de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (Loreto) vinieron a la capital para exigir que se realice la primera consulta previa en su región, afectada por cuarenta años de contaminación petrolera. La licitación de explotación de Pluspetrol en el lote 1AB vence el 2015 y el Estado convocará a un nuevo concurso. Ellos no quieren que la historia se siga repitiendo.

Reclamo. Andrés Sandi Mucushua (río Corrientes), David Chino Dahua (Pastaza), Froilán Pizango (Tigre) y Alfonso López (Marañon) plantearon su demanda en la Defensoría del Pueblo.

Preferían pescar cruzando la frontera con Ecuador antes que consumir los peces de su propio río. Al fin y al cabo, el trayecto hacia el país del norte no era muy largo para las distancias que ellos acostumbran recorrer en la selva. Tan solo cuatro horas demoraba el viaje si iban en “peque peque”, y una hora y media si tenían la suerte de ir en deslizador. Los derrames constantes de petróleo habían cambiado el ecosistema en la cuenca del río Pastaza, y acabado con gran parte de la vida fluvial.

David Chino Dahua, apu de la comunidad Alianza Cristiana en la cuenca del Pastaza, recuerda que hace dos años sus parientes en Andoas les comunicaron que el paso a Ecuador ya no era tan libre como en los anteriores años. Un puesto de control en cada país eran los nuevos obstáculos. Los guardianes les revisaban si llevaban implementos para la pesca y la caza de animales salvajes. No veían con buenos ojos que nuestros compatriotas se aprovechen de las riquezas naturales de otro país, cuando aquí había de sobra.

Pero de nuestro lado el paisaje había sido afectado severamente. David recuerda que hace quince años, cuando él era joven, el río aún estaba inundado de peces dorados. Y los cardúmenes fueron ahuyentados por los derrames y los desechos de aguas calientes que eran parte del proceso de extracción del crudo.

Ahora, los pocos peces que logran capturar para su alimentación están contaminados y tienen poca carne. “Cuando cocinas un boquisapo, el chilcano ya no tiene ni sabor. Y si comes los animales terrestres, ellos también están contaminados”, dice David.

Los servicios básicos no han llegado a su comunidad. Para ser atendidos en una posta médica tienen que navegar tres días contra la corriente en “peque peque” hasta el pueblo de San Lorenzo. Tratar de ahorrar tiempo es un lujo impensable, pues el alquiler del bote Express que los puede llevar en tan solo ocho horas cuesta mil quinientos soles.

Una vez en el centro médico de San Lorenzo, no tienen garantías de nada. Las medicinas y los médicos son escasos, y muchas veces tienen que ser derivados a Yurimaguas. Y si la enfermedad es muy grave, a Tarapoto. En todo ese tiempo, las enfermedades pueden ser mortales.

Nueva concesión

El progreso que prometía la actividad petrolera ha llegado de forma parcial a las comunidades que están en el área de influencia. Los dirigentes afirman que las contribuciones de Pluspetrol –que llegó a la zona en 1999– por lo general son en calaminas, trabajo temporal, atención médica en los centros de la empresa y alimentación cuando hay desastres. Pero estos años podrían llegar a su fin con el vencimiento de la licencia para la explotación del lote 1AB que vencerá en el 2015. Un nuevo contrato de concesión implicará que se desarrolle el proceso de consulta previa antes que el Estado firme con la nueva empresa explotadora. Será el primero en el país después de la reglamentación que se dio a inicios de la gestión del gobierno de Ollanta Humala.

David Chino vino a Lima para participar en la primera reunión de la Comisión multisectorial del Ejecutivo como representante de la Federación de Comunidades del Río Pastaza. Junto a él llegaron Andrés Sandi Mucushua, del río Corrientes; Froilán Pizango Cariajano, del Tigre; y Alfonso López Tejada, del Marañón. Ellos no están en contra de la inversión privada pero no quieren que entre una nueva empresa sin que antes se solucionen los pasivos ambientales pendientes.

En la reunión que sostuvieron con la Comisión Multisectorial les anunciaron que la consulta se llevaría a cabo “contra viento y marea”. El proceso lo conducirá Perupetro a inicios del próximo año, pero el Viceministerio de Interculturalidad, liderado por Iván Lanegra, empezará a desarrollar muy pronto el “plan de consulta” con las comunidades afectadas. Ahora la preocupación de los apus es cuántas comunidades serán tomadas en cuenta. No quieren que sean solo las dieciséis que están dentro del lote 1-AB, sino las 300 que se establecen en toda la cuenca, pues el petróleo derramado se expande. Además, temen que si se consulta a ese reducido número el resultado sea adverso. Ellos se quejan de que algunas comunidades que viven cerca a los pozos petroleros tienen buenas relaciones con la empresa gracias a los regalos que les entregan.

Promesas en Lima

Un impacto indirecto en el que algunas comunidades serían excluidas es el que se produce por las embarcaciones de Pluspetrol que transitan a grandes velocidades. Sus recorridos con motores de 200 caballos de fuerza generan oleajes que han hecho naufragar a las pequeñas embarcaciones de los nativos.
Algunas veces han perdido los productos que comercializaban hacia Nauta, pero en otras ocasiones, algunos de sus tripulantes hasta han estado en peligro de ahogarse.

En el resto de reuniones que los apus tuvieron en la capital, todos se comprometieron con ellos. En el Poder Judicial, les prometieron ayudarlos a mejorar la administración de justicia en su zona y revisar por qué en Loreto se archivó un derrame de 5 mil barriles en el río. En la Defensoría del Pueblo se comprometieron a ayudarlos a elaborar el plan de consulta previa. En el Congreso, el presidente Víctor Isla les aseguró que les iba a dar todas las facilidades para que la Comisión de Pueblos indígenas trabaje con ellos. Y en la Contraloría, solo les prometieron mantener una mejor comunicación.

Los dirigentes indígenas temen que otra vez se incumplan los compromisos y todo quede en palabras, como ya experimentaron en el pasado. En lo que va de este año, Pluspetrol ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en tres oportunidades por malas prácticas en los lotes 1-AB y 8: a) S/. 1.760.395 b) S/. 110.558.50 y c) S/. 5.620.452,50. Los dirigentes indígenas solo dejarán que se realice la consulta, en la medida en la que realmente sirva para remediar los daños ambientales que hasta ahora han quedado impunes. Las imágenes que aparecen en esta nota lo prueban.

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