Volando lejos (con marihuana)

Mientras Uruguay está a punto de convertirse en el primer país en legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico, en Perú es casi un tabú discutir medidas como esta. Existe consenso en que se debe seguir luchando bajo el modelo actual.
marihuana
En junio del año pasado, el gobier­no uruguayo anunció la decisión de impulsar la legalización de la venta de marihuana en todo el país. La decisión era impopular pero el presi­dente José Mujica estaba convencido que el modelo represivo con el que se ha combatido la droga y el narcotráfico en los últimos años no ha funcionado.

“La marihuana es una plaga como es el tabaco. Y ninguna adicción, sal­vo la del amor, es recomendable, pero están ahí. El problema es lo que hay detrás de la marihuana que es el nar­cotráfico. Si lo dejamos en la clandes­tinidad, le regalamos un mercado. Lo que nosotros defendemos es que se haga cargo el Estado. Si te estás pasan­do, te controlo, marche al hospital que tiene que ser atendido y no le dejo ese mundo a que lo controle la delincuen­cia”, aseguró meses más tarde en una entrevista a la Televisión Española.

Pero la propuesta que la sema­na pasada tuvo éxito en la Cámara de Diputados y está a la espera de la votación en la de Senadores no fue una ocurrencia de última hora de su gobierno. Desde febrero del 2011 ya existía un consenso entre el oficialista Frente Amplio y las demás bancadas. Incluso fue el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente y contendor de Mujica en la segunda vuelta del 2009, Luis Lacalle de He­rrera, el primero en proponer una ley para permitir el cultivo personal de marihuana.

Las estadísticas en ese país son preocupantes. Según el secretario ge­neral de la Junta Nacional de Droga de Uruguay, Julio Calzada, hoy hay 120% más de personas que acceden a la ma­rihuana que en el 2001. Son alrededor de 75 mil hombres y mujeres que la consumen mensualmente. La cifra del acceso de menores de edad también se ha elevado. Mientras que en el 2003, el 8.4% de escolares consumía; en el 2007 subió a 14.8%, y la curva no ha decaído.

Uno de los grandes problemas que motivó el debate sobre la norma fue la gran cantidad de personas que eran en­carceladas por haber sido encontradas con marihuana. Como la actual legisla­ción uruguaya no pone un límite máxi­mo permitido de posesión, el criterio quedaba a consideración de los jueces. Según IPS, entre el 2006 y 2009 fueron apresadas 651 personas por la posesión de pocos gramos de cannabis que bien podrían haber sido para uso personal y no para la comercialización.

La ley en proceso busca no solo que el Estado regule la distribución, sino también establecer un tope de compra mensual de 40 gramos por consumi­dor. Y se creará el Instituto de Control y Regulación del Cannabis para fiscali­zar el cumplimiento de la norma. Para Fernando Rospigliosi, estas medidas responden a una fuerte tendencia en América Latina a considerar que el narcotráfico no es controlable con me­didas represivas, y por tanto hay que buscar alternativas. Si se legalizara, po­drían desaparecer las mafias y el dinero que se usa para la erradicación se em­plearía para combatir el consumo.

En el último año, las encuestas han dado cifras casi invariables. El 64% de la población uruguaya está en con­tra de este proyecto y solo el 26% está a favor. Fruto de ello, la votación en la Cámara de Diputados ha sido bastante ajustada. Los 50 votos a favor que con­siguió la norma fueron del oficialismo. La oposición apoyó algunos puntos de la reforma pero cuestionó la mayoría de aspectos con el argumento de que el Es­tado no estaba preparado para enfrentar la nueva situación que se va a generar.

EL DEBATE EN EL PERÚ
El debate en Perú está lejos de pa­recerse al de Uruguay. En el Congreso peruano son pocos los que se mani­fiestan a favor de analizar la propuesta que se está planteando en Montevideo. Incluso liberales como el legislador Carlos Bruce tienen posiciones con­servadoras. Él considera que este tipo de medidas solo podrían funcionar en países en los que no se produce. Pero en una nación como la nuestra no sería buena idea que el Estado se encargue de la administración, pues los narco­traficantes tienen el suficiente dinero para corromper el sistema.

El tema no tiene aún consenso ni discusión al interior de las bancadas. En el oficialismo, Ana María Solórza­no es partidaria de mantener la política represiva con la que se viene afrontan­do el problema actualmente, pues para ella lo importante es alejar a los jóvenes del consumo de drogas.

Su colega de bancada, Jaime Delga­do, tiene una posición más compleja sobre el tema. Él parte del punto que todos debemos estar en contra del consumo y del narcotráfico, pero que sí se debería observar lo que está pa­sando en Uruguay y discutirlo global­mente. “No están dando resultados las políticas actuales de represión porque hay mucho dinero de por medio. Si se legalizara no sería para fomentar el consumo, sino para identificar las ma­fias y combatir el narcotráfico”, señala. Siguiendo el modelo uruguayo, Delgado considera que si se abre el mercado, el Estado tiene que tener un rol importante en controlarlo.

Una posición más liberal tiene Luis Galarreta (APGC). Para él, la prohibi­ción resulta más nociva. Una legisla­ción menos rigurosa y controlista po­dría combatir mejor a las mafias y la corrupción de funcionarios. Pero para poder dar ese paso se debería garanti­zar que la apertura no genere ningún tipo de discriminación o restricción laboral, salvo aquella en la que el exce­so de consumo pueda generar incon­venientes. Además, considera que hay otro paso que el Estado debe dar: ga­rantizar que existan los servicios para que cualquiera pueda recuperarse de una adicción que el consumo le genere.

Pero su opinión es individual, y no necesariamente sería la de la ban­cada ni mucho menos la del Pleno en un eventual debate sobre el tema. Para el resto de congresistas entrevistados para esta nota, Alejandro Aguinaga, Carlos Tubino (FP), Javier Velásquez Quesquén (CP) y José León (PP), la so­lución al problema del narcotráfico no pasa por medidas similares a las que está tomando Uruguay, pues es difícil controlar una población más numero­sa y nuestro principal problema no se centra en el consumo, sino en la masiva producción de droga. Por ahora, el país seguirá luchando contra el narcotráfico con el mismo modelo de siempre, pese a que el esfuerzo que se ha hecho no ha servido para alejarnos del top de pro­ductores de droga del mundo.

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