Informe técnico del Minam sobre proyecto Conga tuvo carácter extraoficial

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que integra el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, colgó ayer en su portal el informe puesto en tela de juicio.

Edmundo Cruz y Jonathan Castro

Todo comenzó en el perol. El 2 de noviembre, en visita a la zona del proyecto, el ex ministro del Ambiente Ricardo Giesecke advirtió de la necesidad de evaluar estudio ambiental.

Sin sello ni registro documentario, pero impreso en papel membretado del Ministerio del Ambiente, un documento de once páginas titulado “Informe Nº 001-2011” fue elaborado por 25 profesionales del mayor nivel del sector, entre el 8 y 24 de noviembre, y contiene, según define el texto, “Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga aprobado en octubre de 2010”.

No es un documento oficial que exprese la opinión formal del Ministerio del Ambiente sobre el proyecto Conga ni que se propusiera su revisión; tampoco concluye por ningún lado la “inviabilidad” del proyecto minero. Sin embargo, conforme ha reconocido el ex ministro del Ambiente Ricardo Giesecke, existió como “ayuda memoria”.

Diremos que como legítimo intento de los responsables de dicho ministerio de mejorar las condiciones ambientales y sociales del proyecto.

La historia

El origen del documento se remonta a la visita que los entonces ministros Ricardo Giesecke, del Ambiente; Carlos Herrera, de Energía y Minas,  y Miguel Caillaux de Agricultura realizaron a la zona del proyecto Conga, el miércoles 2 de noviembre. En medio de las lagunas, manantiales, bofedales, ojos de agua y todo el ecosistema, ellos percibieron una preocupación fundada.

Ricardo Giesecke llegó a declarar ese mismo día que secar las lagunas era como dinamitar un glacial, pero finalmente fue muy cuidadoso: “Bueno, sí, el ministerio va a darle una mirada al Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, anunció. Luego prometió una opinión de su despacho en quince días… y cumplió.

Fueron quince días con sus noches de trabajo continuo. Veinticinco especialistas y directores generales del Ministerio del Ambiente realizaron una evaluación técnica de los 18 o 20 mil folios del EIA. Había personal de los dos viceministerios: el de recursos naturales y el de gestión ambiental. El equipo laboró bajo la coordinación del ex viceministro José De Echave.

El proceso fue bastante participativo. Hubo dos encuentros con expertos de Yanacocha y reuniones con la población de Cajamarca, de todos los sectores, incluidos voceros de los 32 caseríos que la empresa identifica como zona de influencia del proyecto.

Se elaboró un informe preliminar que se alcanzó a Yanacocha, al que los expertos de la empresa hicieron una serie de observaciones. El intercambio se mantuvo hasta antes de elaborar el documento final, de ahí que la estructura del informe se sujeta a las observaciones de minera Yanacocha.

El informe tiene fecha 21 de noviembre, pero se continuó afinando y se dio por concluido el jueves 24, a las 6 de la tarde. A esa hora José De Echave Cáceres, viceministro de Gestión Ambiental, y Hugo Cabieses Cubas, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, entregaron el informe al ministro Ricardo Giesecke.

La entrega fue en la mano, sin necesidad de cargo, en momentos que Giesecke iba a reunirse con el entonces premier Salomón Lerner.

El documento fue entregado a la PCM esa misma noche y contiene 14 comentarios. Anota que el EIA no ha realizado una evaluación con un enfoque ecosistémico ni ha considerado la fragilidad de las cabeceras de cuenca.

En el informe Yanacocha no reconoce que la ubicación del proyecto en cabecera de cuenca sea perjudicial, por el contrario, resalta como positivo que al estar ubicado a más de 4 mil msnm se garantiza que allí no se desarrollarán actividades agrícolas o ganaderas intensivas. Para la empresa, “los bofedales y lagunas del área no constituyen importantes contribuyentes del balance hídrico” y sostiene que “no hay acuíferos aprovechables en la zona del proyecto”.

Además, se recomienda la reubicación de los depósitos en zonas diferentes a las lagunas y una evaluación de las 5 microcuencas a través de un experto reconocido en la materia.

 

Informe fue debatido

El 21 de noviembre, el ministro de Energía y Minas Carlos Herrera ratificó que, en su opinión, el EIA de Conga era solvente. “Nadie corre el riesgo de hacer algo irregular o que afecte severamente al medio ambiente cuando arriesga 4.800 millones de dólares”, dijo.

Apenas tres días después de que se hicieran públicas las observaciones al EIA de Yanacocha, el 25 de noviembre, Herrera Descalzi calificó de “tremendista” el documento. También reconoció que el proyecto tenía un costo ambiental irreversible.

Para responder a su colega, Giesecke afirmó que el proyecto Conga era viable pero que debía mejorarse con un sistema de monitoreo permanente.

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No hay justificación médica para el indulto a Alberto Fujimori

Revelaciones. Biopsias de íleon distal, de región ceco ascendente, de duodeno y de estómago realizadas al ex mandatario revelan que “no observa neoplasia maligna en las muestras”. Oncólogos Julio Morón y Élmer Huerta señalan que el paciente no ha hecho metástasis en otras partes del cuerpo.

Todo ok.  Fujimori en uno de los exámenes a que ha sido sometido en el Neoplásicas.

Nuevas revelaciones del programa ‘Tribuna Abierta’, que conduce Rosa María Palacios, sobre la salud actual del ex presidente Alberto Fujimori desmoronan la campaña que vienen impulsando la familia y algunos medios para que el jefe del Estado, Ollanta Humala, lo indulte.

Según lo presentado por el programa, las biopsias realizadas al ex mandatario en el íleon distal, en el duodeno, en la región ceco ascendente y en el estómago, así como los exámenes del tórax y la cabeza en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas indican que el supuesto cáncer no ha hecho metástasis en otras zonas de su cuerpo.

Los partes médicas confirman que Fujimori no sufre de enfermedad terminal como lo han señalado sus familiares y médicos. Los malestares que presenta, según los médicos son propios de su edad.

“En su cuerpo tiene trastornos propios de la edad, pero ninguno de ellos es amenazante en su vida, ni tiene relación con esta lesión superficial de la lengua que tuvo. Por los elementos que vimos en la última biopsia, el señor Fujimori no tiene cáncer invasor que haya penetrado en los tejidos. Eso debe ser de mucha alegría para él y su familia”, dijo el doctor Élmer Huerta, ex presidente de la Sociedad Americana de Cáncer.

“Todavía no tenemos pruebas fehacientes de que un problema de salud mental vaya a producir un problema físico. Lo tenemos como anécdota. Es sumamanete difícil de probar. Científicamente no se ha demostrado una prueba fehaciente de que todo caso de peso o depresión va a producir un caso de cáncer, diabetes o presión alta”, agregó  sobre la posibilidad de que su estado de depresión, como dicen sus hijos, aliente un proceso cancerígeno.

Exámenes

Los seis exámenes presentados reafirman que el posible cáncer que Fujimori tendría en la len gua no ha hecho metástasis en otras partes de su cuerpo.

La biopsia quirúrgica al estómago y duodeno realizada el 2 de setiembre en el INEN concluye que “no se observa neoplasia maligna en las muestras remitidas”. Sin embargo, da cuenta de que Fujimori padece de una gastritis crónica superficial  y profunda leve.

“(Lo que presenta) es un proceso inflamatorio en el tubo digestivo crónico”, sostuvo en el reportaje el médico Julio Morón Rodríguez, ex jefe de cirugía de cabeza y cuello del hospital Edgardo Rebagliati. “Toda enfermedad cuando es crónica podría desembocar en un cáncer, pero acá no hay eso”, sentenció.

El segundo estudio es una biopsia al colón del 9 de setiembre. Se da cuenta de una colitis crónica moderada, posiblemente producida por la edad o el estrés, dice Morón.

Tres tomografías realizadas al celebro del ex presidente señalan que existen calcificaciones benignas en su cerebro.

No se han observado lesiones, aneurismas, ni hemorragia intracraneal alguna. Tampoco hay presencia de tumores, ni otro tipo de masas.

La conclusión a la que llega el estudio es que el cerebro de Fujimori se encuentra dentro de los límites normales.

Finalmente, la resonancia magnética realizada a la columna vertebral del interno solo revela la presencia de lesiones en los discos, que, como señala Morón, también serían producidas por la edad.

El miércoles pasado, Tribuna Abierta presentó un parte del INEN del 24 de agosto en el que se señala que el ex presidente Alberto Fujimori no tenía cáncer, aunque sí riesgo de que reaparezca. Su situación desde esos análisis no ha variado.

A mediados de junio, otro parte médico del INEN arrojaba que la salud de Fujimori era estable. Una resonancia magnética señalaba que el estado de su encéfalo era normal, salvo la degeneración propia de la edad. Sobre la lengua, indicaba que había lesión sobre el borde, displasia moderada y severa pero sin tumores.

El análisis de dichas fechas sobre el tórax también revelaba que el ex presidente, actualmente recluido en la Diroes,  estaba en buenas condiciones, pulmones sanos, aunque endurecimiento de la arteria aorta y una espondilosis degenerativa.

Una tomografía al páncreas indica que el quiste pancreático de Fujimori se encuentra en estado estacionario en relación con el control previo.

Las ecografías de tiroides señalan que no hay lesiones ni en el cuello ni en la glándula tiroides.

En conclusión, Alberto Fujimori goza de buena salud y nada justifica su indulto. ❧

Kenji: “La decisión de la familia (sobre el indulto) ya está tomada”

Kenji Fujimori, el último hijo del ex mandatario Alberto Fujimori, sostuvo que este mes su familia ha decidido solicitar el pedido de indulto humanitario para su padre a las autoridades del gobierno.

“Basta con ver a mi padre para darse cuenta de que su salud no está bien”, declaró en el programa “Abre los ojos”, de Frecuencia Latina.Además, señaló que el ex presidente Alan García no tomó la decisión de indultarlo por “un cálculo político a futuro”.

Insistió en que su padre es un paciente de cáncer de alto riesgo que se agrava por las condiciones de carcelería.

“Hay que entender que esto ya no es un tema ideológico o de color político, es un tema humanitario, de salud”, sostuvo el congresista.

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“Existen muy pocos controles de los equipos de interceptación telefónica legal”

Ricardo Calderón Villegas. Periodista colombiano de la revista Semana que investigó espionaje telefónico.
Escándalo de chuponeo. El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe. Sus opositores fueron

La revista Semana reveló en febrero del 2009 que el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) realizaba interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados y opositores al gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. La República conversó vía telefónica con Ricardo Calderón, autor de los reportajes investigativos.

¿Cuál es el mayor riesgo de estos programas de interceptación telefónica legal?

Demostramos que existen muy pocos controles. Interceptar con fines políticos o delincuenciales es muy fácil. Vea, para interceptar legalmente un número, se necesita la aprobación de un fiscal y la autorización de un juez. Pero como no hay muchos controles, acá lo que más hizo el DAS fue camuflar el número de un magistrado o un político como si estuviera involucrado en una investigación real, por ejemplo, de un secuestro.

En el Perú el fiscal es el único que programa los números a ser interceptados. Allá, ¿cómo es?
En teoría, funciona igual, pero hay trucos. Cuando hicimos las denuncias dijeron que era imposible interceptar números que no fueran de narcotraficantes o guerrilleros. Pero muchas veces los fiscales por desconocimiento o en complicidad ingresan números que pedía la DAS al sistema Esperanza (versión colombiana de Constelación). Nosotros descubrimos que entre las conversaciones de secuestradores aparecía la conversación de un magistrado o un político que no tenía nada que ver en el caso. Pero era muy difícil rastrearlos porque generalmente los introducían en investigaciones pequeñas de provincias.

¿Qué institución supervisa los equipos de interceptación?

Acá hay como 2 sistemas grandes que se utilizan. El matriz es “Esperanza”, que está compuesto por 18 salas de interceptación fijas, con un promedio de capacidad entre 800 y 1000 líneas telefónicas por cada una. Ese complejo es administrado por la Dirección Nacional de Fiscalía, y ésta a su vez le otorga un cupo determinado de salas a la Policía, al DAS, y al cuerpo técnico de investigaciones. El problema es que también hay equipos tácticos móviles que nadie supervisa. En agosto del año pasado se compraron los últimos 20 equipos móviles de interceptación.

¿Cómo son esos equipos móviles?

Son como un maletín-computador. El más moderno tiene una capacidad entre 20 y 30 líneas de celulares. Hay dos formas que pueda interceptar: coge la señal del espectro electromagnético o se acercan a las antenas de las compañías celulares y comienzan a bajar indiscriminadamente los números que requieran. Ese equipo no tiene el control absolutamente de nadie. Se entrega un equipo al funcionario encargado y puede interceptar lo que quiera. Muchos fueron donados por el gobierno de EEUU. Valen alrededor de 500 mil dólares y te dan la ubicación exacta de la persona a la que están interceptando. Algo más, puede grabar con el celular apagado. Lo usan como micrófono.

¿La DEA los donó?

Llegó por distintos lados. El primero fue de la DEA y cuando se dispara la tasa de secuestros, el gobierno compra. Llegó una cantidad enorme de equipos que finalmente fueron para hacer espionaje político y actividades ilegales. Lo complicado fue que cuando la fiscalía estaba investigando y quiere ir a hacer una inspección para ver qué números grabaron, sencillamente la embajada norteamericana no colaboró.

¿Si uno de esos equipos portátiles cayera en manos de narcotraficantes, podrían operarlos en contra del Estado?

Sí. Hace 5 años se encontró uno de estos equipos en un allanamiento que hizo la policía a un jefe del Cartel del Norte del Valle, Wilber Varela. Lo utilizaba para interceptar a sus captores y otros capos.

¿Se necesita que el juez ordene a la empresa de telefonía que abra un canal para que se pueda realizar la interceptación?

No, en Colombia no sucede así por un tema de corrupción por parte de las empresas. Si la escucha es legal, el sistema puede, sin necesidad de notificarle a la empresa, interceptarlo. Así lo adoptó la fiscalía porque no tiene garantía de que la empresa no llame al usuario de ese número y le diga “la fiscalía lo está investigando”. Lo que sí se les puede pedir a las empresas es el reporte de llamadas.

¿Cómo se evalúa la idoneidad del personal que hace las escuchas? ¿Con polígrafo de la DEA?

Se supone que están sometidos a polígrafos periódicos por parte de la fiscalía, la policía y la DEA.

Pero la prueba no era muy difícil. El operador que ingresaba los números al sistema iba con un segundo. Este segundo no siempre era sometido al polígrafo, así que era el que solicitaba interceptar nuevos números para los casos de crimen organizado, que en verdad resultaban ser de rivales políticos de Uribe. Recién a raíz del escándalo hay verificaciones diarias sobre las salas de interceptación y reportes sobre qué se conversa en cada línea.

¿Cuáles fueron las etapas del descubrimiento?

En el año 2003, publicamos unas primeras entregas sobre equipos de interceptación arrancando el gobierno de Álvaro Uribe. El 2009 ya no se profundizó mucho en estos equipos, sino en otros porque cambian muy frecuentemente, a medida que cambia la tecnología celular. La vida útil puede ser de un promedio de 2 años.

¿Quiénes fueron los principales objetivos?

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todos los políticos de oposición de Uribe, principalmente el Partido Liberal y el Polo Democrático (PD). El PD tenía 30 dirigentes visibles, y todos fueron interceptados y seguidos. Con la información que recogían, mandaron una serie de operativos de guerra sucia contra ellos.

¿Por qué intervinieron a los magistrados?

Por las investigaciones que ellos comienzan a adelantar sobre vínculos entre políticos relacionados con el ex presidente Uribe y paramilitares. Uribe también interceptó al Senado para saber si iba a aprobar su trámite para la reelección.

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Grupo Bustamante manipuló precios de acciones de Andahuasi en la Bolsa

Primero fijó precio de cada acción en S/. 1.20 mediante venta concertada entre ellos mismos y luego compró 40 millones de acciones. Todo en solo dos segundos.
Desamparo. Conasev dio la razón a los trabajadores, pero nada más.

 

Edmundo Cruz y Jonathan Castro

Es uno de los hechos claves del caso Andahuasi y debe ser una de las transacciones bursátiles más vertiginosas y controvertidas de los últimos años. Pero, ni se conoce.

Se trata de la mayor compra de acciones de Andahuasi realizada por el grupo Bustamante en la Bolsa de Valores de Lima el viernes 22 de mayo del 2009. La operación se ejecutó apenas en dos segundos, de acuerdo a un plan concertado.

Ese día por la mañana, al abrirse la rueda de bolsa, a las 9 horas, 30 minutos y 57 segundos, la sociedad de inversiones Ducktown Holding S.A., de propiedad del grupo Bustamante, inició la operación.

Exactamente a esa hora, Ducktown ordenó dos ventas de acciones de Andahuasi a compradores del mismo grupo: una primera, de 200 títulos, a S/. 1.23 cada acción; y otra venta de 30,000 a S/. 1.20. La venta se realizó a través de la agencia de bolsa Investa, de propiedad de los Bustamante.

Lo que este grupo económico buscó con esa primera movida, y lo consiguió, fue fijar el precio de cada acción en el nivel precario de S/. 1.20. Y luego, sin dar tiempo a que los precios se sinceraran y alcanzaran su nivel real, sus operadores dieron el siguiente paso.

A las 9 horas, 30 minutos y 58 segundos, Ducktown volvió a la rueda de bolsa, pero esta vez ya no como vendedor sino como comprador  de acciones de Andahuasi. Lo propio hizo en ese instante la inversionista Zabuck International Inc., también vinculada al grupo Bustamante. Compraron paquetes millonarios. Todos a través de Investa.

En solo dos segundos adquirieron 40’240,115 acciones de la codiciada azucarera. De este expeditivo modo, los Bustamante se hicieron de un paquete aproximado de 17.89% del capital social de Andahuasi.

Según Conasev, órgano supervisor del mercado de valores, esta compra y otras realizadas por personas vinculadas al grupo Bustamante configuraron una adquisición concertada para alcanzar una participación significativa en la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. Lo que obligaba a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que no se hizo. El  mercado fue tomado por sorpresa, y en solo dos segundos se efectuó la compra del paquetón.

Los grandes perdedores

El primer perjudicado fue el mercado, pero los grandes perdedores, si la burla se deja impune, serán los trabajadores accionistas. Para persuadirlos de que se desprendieran de sus acciones, los Bustamante contrataron un relacionista, montaron espectáculos dominicales y regalaron canastas el Día de la Madre. Es más, no vacilaron en comprometerse a pagar 2 soles por cada acción y en emprender una campaña presentando a su competidor Wong como un “cuco”.

De ahí que el 22 de mayo, en tanto cerraban su compra relámpago en la Bolsa, de otro lado, en el distrito de San Isidro, en un parque cercano a la sede de Investa, los 600 vendedores aguardaban a los Bustamante.

Ellos esperaban el pago de sus acciones al precio prometido de 2 soles. Bajo esa condición habían firmado las  pólizas de venta hasta la una de la madrugada en Andahuasi. Y a las cinco de la mañana aceptaron ser trasladados a Lima en ocho buses para recibir los respectivos cheques, en el día. Fue inútil. A las 5  p.m., el abogado Greco Quiroz, entonces vicepresidente de la empresa, se acercó para explicarles que no había dinero suficiente y no se les podía pagar  en ese momento. Los cheques se les entregarían al día siguiente en Andahuasi.

La ley del mercado de valores dice que el pago de acciones es contra entrega, pero aquí no se cumplió. Quiroz les advirtió además que ahora el grupo Bustamante solo ofrecía pagar 1.20 por acción. Y así fue, en los 15 días siguientes los cheques les fueron entregados en Andahuasi a ese precio y no al prometido de 2 soles.

En verdad, si el grupo Bustamante hubiera honrado su compromiso debió desembolsar 80 millones de soles. Con el precio ganga que manejó en bolsa sólo pagó alrededor de 48 millones de soles.

El grupo Bustamante se presentó ante los trabajadores accionistas de Andahuasi como su salvador y aliado frente a las pretensiones del grupo competidor Wong, pero terminó embaucándolos. Conasev multó esas faltas graves, pero no las consecuencias. Hoy, la palabra la tiene el Poder Judicial.

Los nexos de la millonaria compra

1]Manuel Bustamante Olivares, líder del grupo Bustamante, es dueño del 17,76% de acciones de  INVESTA, agencia de bolsa tramitadora de la millonaria compra de acciones de Andahuasi a favor del grupo. Su hijo, Manuel José Marcos, gerencia la sociedad de bolsa protagónica.

2] Ducktown y Zabuck, concertadores de la millonaria adquisición, son sociedades constituidas en Panamá. Será por eso que Manuel Bustamante Olivares se declaró “abogado representante de inversionistas del exterior en Andahuasi” (ver diario “Gestión”, edición del 8 de junio del 2009).

3] La apoderada de Ducktown, la mayor compradora de acciones de Andahuasi para los Bustamante, es Elsa María Paola Bustamante Letts, hija del cabeza del grupo. En cuanto a Zabuck, el 20 de julio de 2009, Roberto De Romaña Letts, uno de los herederos de “Boby” Letts Colmenares, pionero de Minera Volcan, rompió el secreto. Ante Conasev se declaró dueño de Zabuck, compradora de 16 millones de acciones de Andahuasi. Ver Resolución 185-2009 del Tribunal Administrativo de Conasev, página 31.

4] Allí mismo Roberto De Romaña tomó distancia. Dijo que sus compras “fueron independientes a las realizadas por la familia Bustamante y no forman parte del mismo grupo económico”. Conasev no le creyó.

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Fujimorista Gagó fragmentó empresa para burlar beneficios de trabajadores

Creó 16 firmas. 213 empleados figuran en diversas planillas, pero todos sirven a JAAM S.A.

Parte de sus microempresas están a nombre de sus trabajadores. Ante la denuncia de abuso laboral, el congresista mintió.
Local de JAAM SA. Seguridad de la empresa amenaza a nuestro fotógrafo.

Julio Gagó Pérez miente y se desmiente con facilidad. A comienzos de esta semana, en una carta dirigida a esta redacción, negó que Javier Rodrigo Mantilla –autor de una denuncia en su contra publicada por  La República– fuera trabajador de su empresa JAAM S.A. “Se trata de un proveedor”, dijo el empresario-congresista. Para terminar de sacarle el cuerpo a la denuncia, agregó que él, Julio Gagó, había dejado de ser gerente general de la referida empresa el 30 de junio del año en curso.
El fujimorista olvidó que días después, el 19 de julio último, había dirigido una carta a Javier Rodrigo y la había firmado en su condición de gerente general de JAAM S.A. Allí volvió a negar a Rodrigo su calidad de trabajador e insistió en que como proveedor solo le correspondía el pago de comisiones por las ventas de fotocopiadoras.
Gagó continúa  asistiendo a las oficinas de su empresa en la cuadra 9 del jirón Lampa para supervisar los equipos que comercializa y, según testimonian los trabajadores, lo hace en vehículo oficial.

La mentira sobre los proveedores
Enma Andía y sus compañeros Javier Rodrigo Mantilla, Rodolfo Soto Núñez, José Salinas Castillo y David Álvarez Rosales laboran desde hace varios años como vendedores de la empresa de Gagó. Los atrajo la promesa de jugosas comisiones por las ventas de fotocopiadoras, impresoras y otros equipos de oficina. Pero nunca les hicieron firmar contratos. El pago del sueldo básico de 640 nuevos soles estaba condicionado a ventas de 5 y 10 mil  dólares de mercancía. De lo contrario, no lo recibían.
Para cobrar estaban obligados a emitir una factura por el sueldo básico y otra por las comisiones de ventas. Pero a causa de estas dobles facturas se vieron envueltos en elevadas deudas con la Sunat. José Salinas debe 7 mil soles y David Álvarez llegó a deber 21 mil, pago que se lo han fraccionado.

Según sus talonarios facturaban exclusivamente para JAAM S.A., pero tantos años al servicio de Gagó y casi no conocen las vacaciones ni otros beneficios sociales.
La red de empresas
La República tuvo acceso a las planillas de las 16 empresas que figuran en la contabilidad central de JAAM S.A. Son 213 trabajadores repartidos en 7 microempresas, 3 pequeñas, 3 generales y 2 de régimen mixto. Diez de estas empresas fueron creadas a partir del 2008. Tal división es formal, la mayoría del personal trabaja en el mismo edificio y todos venden equipos de JAAM S.A.
Nuevo Mundo Alternativo, Maquinarias Jaam S.A., Representaciones Jaam S.A., Copy Depot, y Faga Motors despachan en la misma esquina de jirón Lampa. Editorial Gráfica Gagó funciona en la cuadra siguiente.
Las amenazas de demandas al Ministerio de Trabajo han provocado una reconcentración del personal de las microempresas. Cien trabajadores fueron registrados en las planillas de Margen Discrecional EIRL, Digital Copier Solution EIRL, y Nuevo Mundo Alternativo EIRL a partir del 1° de julio.
No todas las microempresas JAAM S.A. están a nombre de los hermanos Gagó Pérez. Copy Depot tiene como represente legal a Amancio Armas Vílchez, quien a la vez figura en la planilla de Editorial Gráfica Gagó desde abril del 2002. Es de la confianza de la familia.
Las empresas de Julio Gagó han sido grandes proveedoras del Estado en los últimos años. Entre el 2005 y el 2011, sus empresas Maquinarias JAAM S.A., Representaciones JAAM S.A., Copy Depot S.A. y Editorial Gráfica Gago han facturado con el Estado S/. 31.409.495.
Abuso de poder
En la celebración por Navidad del año pasado, Julio Gagó presentó a Enma Andía Puca ante sus compañeros como una trabajadora que había logrado ascender poco a poco y con mucho esfuerzo.
En junio de este año, Andía renunció por motivos de salud. Se comunicó con Aurora Gagó, hermana del congresista, para gestionar el pago de la CTS por los 5 años de trabajo en la empresa.
La cita con Julio Gagó se programó para mediados de julio. Este le ofreció que se quede a trabajar, pero cuando tocaron el tema de la CTS le dijo: “No te voy a dar nada. Puedes irte a quejar a donde te dé la gana, a ver si te van a hacer caso porque ya sabes quién soy ahora”. Andía no descarta tomar acciones legales para que se le pague.
Se acogió a régimen mype
1]“La exclusividad de sus servicios y la duración del vínculo por años son indicios que sirven para que el juez señale que efectivamente se trataba de una relación laboral”, señaló el abogado laboralista Javier Neves Mujica.

2] Según Neves, Gagó “posiblemente ha constituido todas estas empresas fantasma con el fin de acogerse al régimen de las mype”. Este régimen otorga menos beneficios sociales a los trabajadores. Señala que la empresa del congresista ha reconocido la condición de trabajadores al incluirlos en la planilla. “Lo anterior era una irregularidad”, afirma.

3] Por último, señaló que el sueldo mínimo no se puede condicionar a la venta de productos.

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Grupo Wong retiene pago de acciones de Andahuasi en una cuenta especial

 

Los Wong no pagaron todas las acciones, como dice Antonio Palacios, solo deudas. Entrega de saldo está sujeta a condiciones desconocidas.

Edmundo Cruz y Jonathan Castro.

Azucarera Andahuasi, planta de procesamiento de caña.

Resulta que el dinero producto de la venta de los 49’422,573 acciones de Andahuasi al grupo Wong por un monto igual de nuevos soles –a razón de un sol la acción– no fue depositado en la cuenta de la empresa propietaria de estas participaciones, Industrial Andahuasi SAC, sino en otra cuenta controlada por el grupo comprador Wong.  La mitad del monto continúa allí, inmovilizada.

Ahora se sabe que el 14 de mayo del 2009, el día de la millonaria compra-venta de acciones, la empresa Río Pativilca de propiedad de los hermanos Wong, ordenó la apertura de una cuenta especial en el Banco Interamericano de Finanzas (BIF) en la que se depositó el dinero de la transacción. La cuenta se denomina “Escrow Account Industrial Andahuasi” y lleva el número 008001499391.

“Escrow” es un tipo de cuenta que se abre asociada a un contrato que obliga a las partes. En este caso incluyó en su denominación el nombre de la propietaria de las acciones, Industrial Andahuasi SAC, pero condicionó la entrega del dinero depositado “al cumplimiento de ciertas condiciones que se desconocen”, e incluso a la mediación de “un tercero”.

La ‘novedad’ estaba olvidada en un auto apertorio de instrucción de fecha 6 de setiembre del 2010 firmado por la jueza Janet Mónica Lastra Ramírez, del 5º Juzgado Penal de Lima, de donde lo rescatamos. El proceso judicial abierto sigue en investigación hasta hoy.

No es exacto que el grupo Wong haya pagado los 50 millones por la compra ni que el dinero lo entregó de manera directa a la azucarera para saldar un conjunto de deudas, como declarara Antonio Palacios, representante legal del grupo.

Objetivo: 69 millones

Andahuasi es un complejo agroindustrial de propiedad de la matriz Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA. En mayo del 2009, al momento de la compra de acciones por Wong, su principal accionista y subsidiaria era la empresa Industrial Andahuasi SAC, titular entonces del 30,69% (69 millones de acciones) del capital total. La subsidiaria no era una empresa de terceros, sino de la azucarera.

El objetivo del Grupo Wong era adquirir todo este paquete contando con el concurso, a espaldas de la junta de accionistas, del presidente de la azucarera en ese momento, Eduardo Núñez Cámara. Pero al final solo pudo hacerse del 21,97%, es decir, del paquete de 49’422,573 acciones. ¿Qué pasó?

Veinte millones no pasaron

Hay evidencias claras de que el 14 de mayo del 2009 Núñez intentó ingresar a la Bolsa dos paquetes de acciones. El primero de (21,97%), a través de la agencia Scotia Bolsa, operación que culminó con éxito.

Como se sabe, Scotia Bolsa, la agencia que viabilizó esta operación exitosa, forma parte del Scotiabank; y Erasmo Wong, cabeza del grupo Wong, fue director de esa entidad bancaria hasta el 26 de marzo de ese año, es decir, hasta un mes antes de la operación de bolsa.

Con el segundo paquete, Eduardo Núñez sí tuvo problemas. Tentó el ingreso a la Bolsa de 19’850,019 acciones (8,72%), esta vez a través de la agencia de bolsa Investa. Pero la operación fue observada y se frustró. Adviértase también que Investa pertenece al grupo Bustamante, rival de los Wong en la pugna por Andahuasi.

La carta al BIF

La prueba de que los Wong se proponían apropiarse de los 69 millones de acciones de Industrial Andahuasi mediante una compra-venta directa contraria a las normas de la Bolsa de Valores es una carta de Río Pativilca al BIF, con fecha 13 de mayo del 2009.

Ese día, el BIF fue informado del Contrato de compraventa de acciones celebrado entre Industrial Andahuasi y Río Pativilca (del grupo Wong). El banco fue instruido para que a raíz de ese contrato y como parte del pago de las acciones girara cheques de gerencia a los siguientes 6 acreedores de la azucarera: Comercial Distribuidora Daferech, Comercial Alvarado, Empresa de Transportes Comercialización San Cayetano, Inversiones Dower Warthon, Distribuidora La Muralla y Distribuidora Central.

De este modo, Wong saldó las deudas de Andahuasi con esas empresas. Los acreedores dieron su conformidad y recibieron un pago de 24 millones de soles. Las acciones que Andahuasi había dado en garantía quedaron así liberadas y en manos del grupo Wong.

¿Quién moverá la “Escrow”?

Río Pativilca no tardó en despachar otra carta al BIF solicitándole que, como complemento de la transacción anterior, transfiriera 25’204,075 soles de su cuenta corriente a otra denominada “Escrow Account Industrial Andahuasi Nº 008001499391”. Esta suma es la diferencia de los 49 millones de soles menos el pago a los deudores. Pero esta resta no fue a la cuenta corriente de Industrial Andahuasi sino a la cuenta Escrow.

Algo más: el dinero de la cuenta Escrow sólo se podrá mover con las firmas de Erasmo y Efraín Wong y de Eduardo Núñez Cámara, esta última persona sin ningún cargo vigente en la empresa azucarera.

El caso Chehade entra a recta final

Antes del 7 de diciembre la Subcomisión de Acusaciones del Parlamento entregará a la Comisión Permanente el informe sobre la acusación constitucional contra el vicepresidente en licencia Omar Chehade, por presunta infracción a la Carta y delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y patrocinio ilegal de intereses. Desde hoy se contabiliza el plazo para la investigación a cargo de la congresista Marisol Pérez Tello, quien se comprometió a actuar con celeridad.

La legisladora informó que hoy se notificará a Chehade para que en cinco días haga sus descargos. En cinco días más se determinarán los hechos y pertinencia de pruebas o pruebas nuevas. En los siguientes cinco días el subgrupo convoca a audiencias previas al informe final remitido a la Permanente, que lo derivará al Pleno, la instancia final. “Se puede plantear suspensión, inhabilitación o destitución o el  archivo y si hay indicios de delitos se remite a la Fiscalía”, dijo Pérez Tello. Como se sabe, en el Pleno también está pendiente la votación de 120 días de  suspensión.

De otro lado, el fiscal de la Nación José Peláez anunció que mañana acudirá un fiscal al despacho del congresista  Omar Chehade para tomarle su manifestación en la investigación que se le sigue por la reunión en el restaurante Brujas de Cachiche.  Peláez no descartó que también se cite a representantes del grupo Wong.

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