Se invertirán 42 mil millones de dólares en minería en diez años

Cálculo conservador. Ingreso tributario crecería en un 50%. Las industrias minera, eléctrica y petrolera podrían hacer crecer la economía nacional en 6%, según el economista César Humberto Cabrera.

Jonathan Castro.

“Hoy existen buenas condiciones para crecer. Oficialmente el Ministerio de Energía y Minas ha proyectado una inversión total de 42 mil millones de dólares para los próximos diez años en minería, pero el capital que invertirán podría llegar hasta los 60 mil millones”, sostiene el economista especialista en temas mineros César Humberto Cabrera.

“Inversiones mineras por 4,2 mil millones de dólares anuales representan entre el 3% y el 4% del PBI. Esas cifras, sumadas a las de los sectores petrolero y eléctrico, podrían hacer crecer la economía nacional en 6%”, destaca. “Eso es lo que prometió el primer ministro Salomón Lerner cautelosamente”.

Estos cálculos no incluyen el crecimiento en las actividades anexas a la minería ni a otros sectores. Podríamos crecer más aún.
Humberto Cabrera sostiene que si se maneja adecuadamente la actual crisis mundial, podríamos crecer hasta en 8%. Eso significaría el incremento de la recaudación tributaria en 50% al cabo de 5 años.

Retos para el futuro

César Humberto calificó de muy beneficioso para el país el entendimiento al que han llegado el Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. “Esta negociación demuestra que cuando el gobierno tiene la voluntad de llegar a un entendimiento, el sector empresarial está absolutamente dispuesto a participar”.

“Se inicia una nueva era en la que el gobierno tiene que impulsar un conjunto de proyectos. En los años precedentes se han descubierto yacimientos, se han explorado profundamente los territorios y ahora hay que ir adelante con las inversiones”, sostiene.

Según Humberto, es momento de formar un consenso nacional que cambie la mirada sobre la minería. No solo por los 3 mil millones que podría aportar anualmente, sino también porque el crecimiento de la economía desencadena un conjunto de actividades conexas. “En Chile, cuando quisieron promover la industria del cobre, formaron el complejo minero industrial, que promovía el conjunto de industrias proveedoras de maquinaria, equipos, insumos, educación y servicios. Así fortalecieron su economía”.

Uno de sus principales argumentos es que la industria de fabricación de maquinarias e insumos para la minería ha crecido de modo considerable en Chile. Señala que así como la producción de telas se concentró en Asia, la producción de equipos para la exploración minera debería concentrarse en el triángulo sudamericano formado por Chile, Brasil y Perú.

“Por supuesto esto no significa dejar de lado las exigencias ambientales ni compensaciones a las poblaciones que viven cerca de las minas”, sostiene enfáticamente.

Datos

Chile. Durante los años noventa, el gobierno de la Concertación chilena fomentó un gran complejo minero para optimizar la extracción del cobre. El objetivo era tener el cobre más barato y la producción más eficiente del mundo para reducir los riesgos de la variación del precio de los metales.

Producción de equipos. Nuestro vecino del sur exporta US$ 500 millones al año en maquinarias para la minería.

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Solo grandes medios de Lima se beneficiaron con nuevas frecuencias de TV

 

Canales de alcance local podrían desaparecer. Expertos coinciden en críticas al Plan Maestro que regirá las frecuencias de la televisión digital. Fortalecerá el oligopolio de los medios, señalan.

 

“Acá hay un tema de exclusión. El Plan Maestro pone unas vallas altísimas para los canales pequeños, y aplica criterios diferentes con los grandes medios”, sostiene Carlos Cárdenas Tovar, presidente de la Asociación Nacional de Canales Locales de TV, ‘Red TV’.

Según Cárdenas, gracias al Plan Maestro que rige la distribución de las frecuencias para la televisión digital, el Estado ha entregado directamente a las principales televisoras y al canal estatal frecuencias en gestión exclusiva.

Las formas de acceder eran tres. Primero, el Estado asignó una frecuencia digital a los canales presentes en Lima y en el 50% de los incluidos en el Territorio 2 (Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo) y en el Territorio 3 (Ayacucho, Chimbote, Ica, Iquitos, Juliaca, Pucallpa, Puno y Tacna).

Segundo, si no cumplían con esos requisitos, podían unirse entre tres canales (muchas veces competencia) para administrar una sola frecuencia; o, tercero, debían pasar a transmitir de analógico a digital de la noche a la mañana en la frecuencia que ya tenían.

Ejemplo de esta última modalidad es Canal 45 de Villa el Salvador, que en el 2014 cambiará el tipo de transmisión de un día para otro. El temor es perder a toda la audiencia que aún no haya instalado un equipo receptor de señal digital.

Para Cárdenas, en la práctica, requisitos tan elevados han conseguido que solo los cuatro medios más grandes puedan empezar a transmitir su programación en señal analógica y digital en simultáneo para ir acostumbrando a su público.

Hay un gran riesgo de que los elevados requisitos que impone el Plan Maestro dejen fuera de la señal a medios locales y regionales.

No es censura, es apertura

Para el ex director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio Jorge Acevedo Rojas, no se trata de censurar a los medios de alcance nacional, sino de abrir el espacio para otros sectores.

“Van a predominar determinados grupos de interés, y otros sectores no ingresan. Para informarnos está Internet, pero la televisión sigue siendo influyente”, señala.

“Esto se debe a que las políticas de regulación de la televisión han priorizado la televisión comercial por encima de la educativa y la comunitaria. Las licencias se han manejado a lo largo de los años como si fueran de propiedad privada de los canales de alcance nacional. Cuando damos el salto a la televisión digital, el esquema fortalece el predominio en los oligopolios de la televisión”, sostiene Acevedo.

Para el comunicador, la responsabilidad directa de estas políticas discriminatorias recae fundamentalmente en el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez y el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, pues durante su gestión se dieron los lineamientos del Plan Maestro.

En suma, según Acevedo, el Estado debe colocar precios para los concursos de modo más realista.

Claves

Multicanales. Cada una de las 21 frecuencias que se van a dar en Lima tiene una capacidad de 6 MHz. Cada empresa de televisión puede utilizar todo el ancho de banda de la frecuencia para lanzar una señal en Full HD, pero también puede lanzar dos en HD, cuatro en estándar digital o realizar combinaciones.

frecuencias. Los canales transmiten actualmente su señal analógica en DHF. A partir del paso a digital, será en UHF.

Requisitos por las nubes

El primer concurso de licencias de las frecuencias solicitaba a los postores la suma de 24 millones de soles y la presencia de repetidoras en por lo menos 15 ciudades. El concurso quedó desierto, pues ningún empresario ni canal pequeño pudo cubrir los requisitos.

Para el segundo concurso se exigió 16 millones y estaciones repetidoras en 28 ciudades, pero contemplaba un aspecto adicional: podían participar empresas que ya tenían una licencia. De esta forma ATV postuló por otra frecuencia. Fue postergado.

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Rosa María Palacios: Comisión del Congreso quería saber con quién hablábamos

 

Palacios advierte que si ayer se violó secreto profesional de periodistas, mañana puede ser de cualquiera. Comisión investigadora de Petroaudios no solo violó la privacidad sino el secreto de la fuente, arma esencial de los periodistas para investigar la corrupción, advierte periodista.

Edmundo Cruz y Jonathan Castro.

Veinte números telefónicos a nombre de su esposo Martín Alberto Varillas Cueto se leen en un listado a los que la comisión Luízar levantó el secreto de las comunicaciones, a fines del 2008. ¿Los reconoce?

Salvo los dos números fijos y un celular, ninguno de los otros eran nuestros. Solo el 999943263, un movistar antiguo, figuraba a nombre de mi esposo y lo usaba mi hija de 13 años; entonces… ¿qué le habrían de buscar a una chica de esa edad?

Los números de los celulares restantes son correlativos

Es que son de una compañía de la que mi esposo fue representante legal. No estaban a su nombre, jamás los pagó, ni él ni yo.

Los fijos, ¿sí son de su casa?

Sí. Allí van a hallar conversaciones mías con mi mamá, y de mis hijas con sus amigos. No veo los celulares que mi esposo y yo usábamos en la labor profesional.

¿Qué buscaba la comisión?

Saber con quién hablábamos. Francamente, a mí me parece una violación. No fue todo. Levantaron el secreto bancario y tributario de mi esposo y por tanto mío. ¿Qué tenía que ver esto con el ‘chuponeo’?

Estas comisiones se atribuyeron la facultad de levantar el secreto de las comunicaciones sin consultar a alguien más…

Tienen esa facultad, pero sujeta a un procedimiento y a un límite de racionalidad. Sin embargo, no podían incluir en esta lista a cualquiera, mucho menos a los periodistas que hicieron la investigación del hecho de corrupción. Mañana los congresistas podrían incluir en este tipo de listas a sus enemigos personales.

¿Qué se buscaba al incluir a los periodistas?

En el fondo, la comisión quería llegar a las fuente de información. Y esto violaba el secreto profesional amparado en la Constitución.

¿Es decir, también atentaron contra el secreto profesional?

Por supuesto, violar el secreto profesional es delito. Si yo no quiero decirle, y no debo decirle, al congresista quién es mi fuente, él no tiene derecho a levantar el secreto a mi teléfono para saber con quién hablo; al hacerlo, ha sentado un precedente para las próximas investigaciones. No es que los periodistas seamos intocables, pero tenemos esa protección para poder denunciar la corrupción. Ese es el costo que hay que pagar. Muchas veces vamos a tener que proteger fuentes que no son unos angelitos, pero la información que ellos nos dan es lo que nos permite denunciar asuntos muchos más graves.

Sin embargo, Fernando Rospigliosi, Laura Puertas, Pablo O’Brien y Fernando Ampuero, los investigadores denunciantes, no la han pasado bien.

Cierto, El Comercio, cuando tenía que protegerlos, terminó echándolos a la calle. A esa medida se sumó poco después una rara posición editorial: “lo que está mal es el ‘chuponeo’, no está mal el delito”, se planteó. Increíble, porque aquí el delito mayor es el problema de corrupción de Estado. Lamentablemente, la prensa se dividió y la gente que había levantado la investigación la pasó muy mal.

¿Usted se ha sentido atacada a raíz de este caso?

No se pueden imaginar. En el verano del 2009 enfermé de diabetes. Me preguntaba por qué nos están haciendo esto. Todos los días La Razón nos sacaba portadas, acusando a mi marido de estar detrás del ‘chuponeo’ y diciendo que nos habíamos fugado del país.

¿No le parece que los reflectores se han centrado en el caso BTR y no en los Petroaudios?

Bueno, esto es lo que quería el gobierno aprista, ahora tienen eso. Pero lo que han logrado no es de su conveniencia. Lo que está saliendo en este proceso es peor de lo que esperaban. La Dirandro filtró a Caretas una declaración en mi opinión falsa atribuida a Fernández Vírhuez diciendo que mi esposo le había pagado a este señor. Eso se publicó el 12 de enero del 2009. Así querían presionar a Giannotti para que también lo acuse. Pero Fernández Vírhuez ha declarado en juicio: “a mí me querían obligar a incriminar al señor Varillas”.

¿Ud. fue ‘chuponeada’ antes?

El 2003 pusieron un ‘chupón’ en un poste cerca de mi casa y recién el 2010 la fiscal archivó mi denuncia. Alegó que yo había viciado la prueba al permitir que se quitara el ‘chupón’ sin presencia del fiscal. Según el técnico, era un ‘chupón’ nuevo, tipo de transistor con gutapercha, importado, de 500 dólares.

Las normas que amparan el secreto profesional

Constitución, art 2. Inciso 10: “Toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley.

Inciso 18: “Toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional”.

Código penal. Art. 165: “El que teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación puede causar daño, lo revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento veinte días de multa”.

Principios de lima. “Ningún periodista puede ser obligado por el Poder Judicial o cualquier funcionario o autoridad pública a revelar sus fuentes de información o el contenido de sus apuntes y archivos personales y profesionales”, suscritos por los Relatores para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU.

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Periodistas investigadores terminaron investigados

Petroaudios. Comisión violó derecho constitucional. Walter Menchola, ex miembro de Comisión Luízar, defiende polémica medida que violó el secreto de la fuente periodística.

Por: Edmundo Cruz y Jonathan Castro

“Los periodistas no son ángeles o querubines exentos de cometer algún delito; si no, no habría tantos juicios por difamación, calumnias y tanta cosa”, respondió el ex congresista Walter Menchola Vásquez, quien fuera miembro de la Comisión Luízar que investigó la probable existencia de una red de interceptación telefónica, a raíz del caso “Petroaudios”.

Preguntado por esta redacción, insistió en que el levantamiento del secreto de las comunicaciones de cuatro periodistas, revelado ayer por La República, contó con la autorización judicial de ley.

Lo que este diario sacó a luz fue un documento en el que consta un pedido de la Comisión Luízar. En él se solicitan los reportes históricos de llamadas telefónicas de los periodistas Fernando Rospigliosi, Laura Puertas, Fernando Ampuero, Pablo O’Brien y José Ugaz, asesor legal de los hombres de prensa, que en octubre del 2008 sacaron a luz un trascendental caso de corrupción.

El quid del asunto no es si hubo o no autorización judicial. El asunto de fondo es la violación del secreto de las fuentes periodísticas que esa cuestionable medida permitió.

Números inactivos

Lo cierto es que ninguno de los periodistas fue informado del levantamiento de sus comunicaciones ni cuando éstas se autorizaron ni cuando cesaron.

“Sólo había rumores de que eso sucedía, los cual nos indignó porque los periodistas investigadores terminamos investigados”, afirma Fernando Ampuero, ex jefe de la Unidad de Investigación del diario El Comercio.

“Esta comisión asumió en todo momento una actitud parcial. Defendieron intereses que no se mostraban. Al interrogarnos no pedían nuestra colaboración como periodistas que ayudábamos al Estado a descubrir malos manejos, sino por el contrario nos reprobaban”.

Ampuero explica que cuando empezaron esta investigación tomaron sus medidas. No hablaban cosas delicadas por teléfonos y cambiaban aparatos regularmente.

“Los números telefónicos que aparecen en la lista revelada por La República sí figuran a mi nombre pero son de una casa de mi ex esposa y un número descartado. O sea hicieron mal su trabajo”.

Llamadas a Giannotti

Walter Menchola alega que uno de los motivos por los que investigan a Pablo O’Brien es porque en su reporte figuran más de 90 llamadas a la señora Giselle Giannotti Grados.

O’Brien replica que por información de fuentes de Dirandro, que intervinieron en este caso, sabe que tratándose de llamadas por teléfonos Nextel de tecnología radial el registro de una sola llamada se multiplica. Esto debido a que cada vez que uno de los interlocutores aprieta el botón para continuar la conversación, cada apretón se contabiliza como si fuera una llamada.

El periodista sostiene además que la señora Giannotti era su fuente desde el año 2006 y por esa razón se comunicaba con ella.

La clave

No se cumplió la ley. Según Roberto Pereyra, abogado de IPYS a cargo de la defensa de los periodistas, el presupuesto que la ley exige para realizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones no se ha cumplido en este caso. Los periodistas no fueron informados formalmente que iban a ser parte de una investigación, ni se les dio cuenta del levantamiento de sus comunicaciones permitido solo para delitos graves.

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De recuperarse dinero robado en los 90, habría suficiente para programas sociales

 

Us$ 14,000 millones. astronómica suma queda por cobrar al fujimontesinismo. Un real potenciamiento del sistema anticorrupción pondría al nuevo gobierno en condiciones de financiar Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etc. Infografía de los montos de dinero recuperados.

Edmundo Cruz y Jonathan Castro

El sistema anticorrupción arrastra un ingente pasivo de recursos de la década de los 90 que holgadamente habría financiado el programa social del gobierno entrante y muchos más.

A la fecha, resta recuperar un monto astronómico de dinero de todos los peruanos sustraído por el fujimontesinismo, pero sobre el que no existe cálculo oficial, salvo el reciente estudio titulado Círculos corruptos, del historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, publicado el 2008.

Con base en informes de la Comisión Investigadora del Congreso, expertos en el tema e informaciones de la época, el historiador peruano radicado en Nueva York, EEUU, sostiene que “el costo de la corrupción en el gobierno fujimorista (1990-2000) fue de 14.087 millones de dólares (50% del presupuesto anual y 4,5% del PBI en ese periodo)”.

En el 2009, Pedro Gamarra Johnson, procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, se atrevió a hacer su propio estimado. Solicitó a Economía y Finanzas el monto de la venta de las 129 empresas públicas. Le alcanzaron la cifra de 7.519 millones de dólares.

De esa suma él dedujo un conjunto de gastos provenientes de ese ingreso y concluyó que no existía sustento suficiente sobre 6.000 millones de dólares. Aunque en realidad esta cifra no incluye otros rubros de corrupción (sobrevaluación en la compra de armas, desvío de fondos al SIN, etc.) la tomó como referente para su labor en defensa del Estado.

Recuperaciones magras

En ambos casos, los estimados de la corrupción de los 90 son desproporcionadamente superiores a los montos que el sistema anticorrupción peruano ha logrado recuperar del 2001 al 2010.

El Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi) registra una repatriación de apenas 185 millones 136 mil dólares en toda esa década.

La situación no es menos desalentadora en el caso de las recuperaciones en suelo peruano provenientes de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados.

El monto asciende apenas a 5 millones 678 mil dólares. Ambos rubros sobrepasan ligeramente los 190 millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del monto de corrupción calculado por Pedro Gamarra; y si extendemos la comparación al estimado de Alfonso Quiroz, la brecha es enorme.

El ex presidente Alberto Fujimori no ha abonado ninguna de las reparaciones que le han sido impuestas. Vladimiro Montesinos registra apenas el pago de aproximadamente 30 mil dólares. Por cierto, no se cuentan los 40 millones de dólares que mantenía escondidos en cuatro bancos suizos, deducidos de comisiones por ventas de armas. Crousillat tampoco ha devuelto un solo sol.

Por qué tanta demora

La Comisión de Transferencia de Gana Perú ha hablado de desmontaje del sistema anticorrupción. Lo cierto es que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se formó a fines del 2000 con 25 abogados. Al año siguiente el equipo legal aumentó a 30. Y en su momento más alto, 2004 y 2005, llegó a contar con 42 abogados y once administrativos de la especialidad.

En el 2009, concluido el juicio a Fujimori, el colectivo de procuradores se redujo a 16 hombres de leyes y recién un contador. Este año, se ha mantenido a una docena de abogados y al contador.

En realidad, más que a un desmontaje del sistema, la precariedad de recuperaciones se debería a la debilidad técnica del sistema frente a un fenómeno complejo.

La Procuraduría Ad Hoc contó hasta el 2006 con la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional para recuperar dineros del extranjero ya identificados. Su desactivación afectó el seguimiento de cuentas y testaferros de la corrupción.

El 2006 se detectó en Panamá un movimiento de 600 millones de dólares de cuentas de la corrupción que pasaron por ese paraíso financiero. Viajó una comisión del Congreso y luego un equipo de la procuraduría. Las autoridades centroamericanas ofrecieron información pero hasta ahora nones.

Lo que se necesita

Si el nuevo gobierno desea realmente potenciar el sistema, debe comenzar por dotarlo de los peritos suficientes en calidad y número para las acciones de seguimiento, ubicación y repatriación de dineros.

A la fecha teníamos unas 108 investigaciones preliminares, pero 30 de ellas han tenido que ser archivadas por la falta de peritos. Esta deficiencia no solo afecta la rapidez del proceso sino que genera impunidad.

La falencia es aún más notoria en las regiones. A menudo los escasos técnicos de la región entran fácilmente en conflicto de intereses con los personales o empresas a seguir.

Datos

Deudas impagas. Reparaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ascendentes a 472 millones de soles, podrían honrarse si se pusiera mano firme a los corruptos de la década del 90.

Acumulación irresponsable. Las obligaciones acumuladas por el incumplimiento de los acuerdos con la CIDH llegan a sumar hoy 4 veces el presupuesto del Ministerio de Justicia de 144 millones de soles.

Todo lo que se podría construir

El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que los programas sociales comenzarán a implementarse en el último trimestre de este año. Su implementación “no debe superar los mil millones de soles en el 2012”, sostuvo.

Los técnicos de Gana Perú proyectaron 12 mil millones de soles para Pensión 65 del 2012 y 2015. Y la ampliación gradual de Juntos hasta llegar a 1.267 millones de soles en el 2016.

En un parangón con el monto de la corrupción de los 90, Alberto Quiroz sostiene que con los 14 mil millones de dólares que se llevó el fujimontesinismo se pudo pagar mil soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años.

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Alan García a Víctor Polay: “Date por bien pagado…”

Respuesta. Ante pedido de cambio de penal del emerretista. Familia de ex cabecilla del MRTA insiste en el traslado. La justicia militar está a favor. Caso se decidirá el 10 de agosto en el TC.

Jonathan Castro.

Doña Otilia Campos Bárcena, madre del ex cabecilla del MRTA Víctor Polay Campos, confesó a esta redacción que el ex presidente Alan García respondió a su hija Otilia que el interno debía darse por bien servido con la salida al extranjero de su esposa y de sus tres hijos, medidas que él permitió en su primera gestión.

La réplica se produjo en esta última etapa en que la familia de Víctor Polay apeló al ex mandatario a fin de que este intercediera a favor del traslado del subversivo a otro penal por razones de salud.

La petición se produjo en una de los servicios religiosos en memoria de Haya de la Torre, a los que la familia Polay, de reconocida militancia aprista, suele asistir cada 2 de agosto. Otilia Polay, la hermana del interno, no recuerda el hecho, pero la madre, sí.

Desde hace cinco años la defensa del emerretista pugna por sacarlo del penal de la Base Naval. Las condiciones son infrahumanas, alegan. “De tanto verse las caras en los últimos 20 años, ya no se quieren ni mirar. Es un manicomio”, comenta doña Otilia.

En setiembre del 2010, Polay interpuso un hábeas corpus demandando el cambio de prisión, “debido a los maltratos psicológicos y físicos a los que está expuesto”. Amparó su recurso en un oficio del Consejo Supremo de Justicia Militar del 2001, en el que ese tribunal sostiene que no existe sustento legal para que los internos Polay Campos y Cárdenas Schulte continúen recluidos en la Base Naval.

El Tribunal Constitucional (TC) ventilará el recurso el próximo miércoles 10. El propio Polay tendrá oportunidad vía teleconferencia de testimoniar sobre las condiciones materiales y psicológicas de su reclusión. Estas de distendieron un tanto a la caída del fujimorismo, pero se conoce muy poco sobre el estado actual.

Además de Polay, el penal de la Base Naval alberga a Miguel Rincón Rincón, Peter Cárdenas (ex MRTA), Abimael Guzmán, Oscar “Feliciano” Ramírez (ex Sendero Luminoso) y Vladimiro Montesinos.

Según Ricardo Noriega Salaverry, abogado de Polay, el interno Montesinos goza de prerrogativas que a los otros internos no se les permiten. “Por su dinero, todos los días recibe comida de restaurantes caros y su abogada Estela Valdivia se queda hasta la noche, como ella misma ha comentado”, señala el ex candidato a la Presidencia.

Claves

”Buró de conjunciones”. Grupo selecto formado por Haya de la Torre en 1969 para relanzar al Apra luego de que las reformas de Velasco Alvarado dejaran al movimiento sin banderas. García y Polay estuvieron entre los convocados.

Inicios de los 70. Juntos en París. Polay optó por la vía armada. Y en 1990, estando preso, fugó por un túnel. Se dice que en complicidad con García.

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