Las camionetas de los hermanos Humala

Tras los primeros escándalos por los contratos irregulares entre la empresa Krasny y el Estado, los hermanos del presidente Ollanta Humala realizaron extrañas ventas de camionetas. La más polémica resulta ser la de Alexis Humala a unos ancianos del Rímac.

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En abril del 2010, la empresa Krasny del Perú, de propiedad de Alexis Humala, adquirió una camioneta Volvo negra nueva de siete asientos, modelo XC90 y placa A3R201, fabricada en el 2005. Por ella pagó 14 mil dólares al contado. Krasny ya tenía cuatro vehículos en ese momento: dos autos Hyundai Sedan comprados el 2005 y dos Jeep Liberty, en el 2008. Actualmente, dos de ellos están de baja.
En enero del 2011, Krasny le vendió la camioneta Volvo negra a Ulises Humala Tasso y su esposa Milagros Aragón Marmanillo por US$ 9,500. Como un favor especial, seguramente, le rebajaron US$ 4,500 del precio original. El acta de transferencia fue firmada por el notario Fernando Medina Raggio.
Ulises Humala empezó a utilizar la camioneta y poco tiempo después le impusieron dos multas graves en julio del 2011 y enero del 2012. La primera por haber estacionado su vehículo en zona prohibida en la cuadra 32 de Paseo de la República. La otra, por haberse estacionado en un lugar en el que afectaba la operatividad del servicio de transporte público en la cuadra 9 de la avenida Samuel Alcázar.
Después del escándalo de las contrataciones irregulares entre el Estado y la empresa Krasny por S/. 920,170 entre el 2011 y el 2012, que salió a la luz en setiembre del año pasado, Ulises Humala decide deshacerse rápidamente de esta camioneta. Su nuevo dueño es el joven de 25 años Lino Lucciano Espinoza Tabera, quien pagó US$ 15 mil en octubre del 2012, según consta en Registros Públicos.
Espinoza Tabera se dedica al rubro de restaurantes y bares, pero además pone avisos de venta de vehículos en diversas páginas de internet. Velaverde intentó comunicarse con él a los distintos números con los que anuncia ventas, pero en ninguno de ellos fue posible ubicarlo. Espinoza tiene una serie de papeletas con diferentes carros. Uno de ellos tenía placa OG-5698 y le pertenecía al militante nacionalista Ricardo Teodoro Ramírez Ramos.
Lo extraño es que Espinoza Tabera no maneja su camioneta Volvo, ni la guarda en la cochera de su casa. ¿Qué hizo con ella?
Pero ese no es el único carro que adquirió Ulises Humala recientemente.
Poco antes de vender la camioneta Volvo negra, Ulises Humala pagó US$ 50 mil al contado, según los documentos que figuran en Registros Públicos, por otra camioneta, esta vez, una Mercedes Benz de siete asientos, color plata, modelo GL500 fabricada en el 2008 y con placa C5Q329. Lo que resulta intrigante es cómo financió esa compra si, según documentos de EsSalud, Humala solo recibe de la Universidad Nacional de Ingeniería un sueldo de S/. 6,500.
La primera inscripción de esta camioneta fue a nombre de Scotiabank Perú SAA por un valor de US$ 107,500 en diciembre del 2008. En marzo del 2012, la camioneta Mercedes Benz pasó a propiedad de la empresa pesquera Isla de Ons SAC y ellos se la vendieron a Ulises Humala.
Esta empresa es de propiedad de Fernando Pazos Huaymares. Él sostuvo un enfrentamiento con el exministro de la Producción Kurt Burneo, a inicios de este régimen. Burneo afirmó que “Isla de Ons” era una de las diez empresas pesqueras que más debía en multas por transgredir la normatividad. Frente a eso, Pazos Huaymares le exigió una rectificación indicando que ellos no debían tanto dinero, sino solo 19 mil soles. Acusó a Burneo de haber perjudicado a su empresa al haber ocasionado que sus acreedores bancarios y financieros revisen sus líneas de crédito.
Ons mantiene procesos con el Ministerio de la Producción, un despacho al que el padre de los Humala, don Isaac, ha recurrido para resolver casos de otras pesqueras.
En su descargo, Ulises Humala negó que la venta de la primera camioneta tenga alguna relación con el escándalo de Krasny. Aseguró que la transfirió para poder financiar la segunda de marca Mercedes Benz, pues se le había presentado la oportunidad de compra. Pero la camioneta Volvo fue vendida después de que adquirió la Mercedes Benz.
También negó que la segunda camioneta haya sido pagada al contado. Según señala, aún sigue pagando los US$ 50 mil de dicha compra, lo cual se contradice con su ficha de Registros Públicos. Sobre cómo hizo para financiar ese monto con el sueldo de funcionario de la UNI, Ulises Humala aseguró que él no solo percibe sueldo como consultor, sino también como profesor. Ambos montos le permiten ganar lo máximo que se permite en el Estado: S/. 15,600. Es decir, Ulises Humala gana como ministro.

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¿VENTA FICTICIA?

La otra venta extraña es la que hicieron Alexis Humala y su esposa Tatiana Muroshova. Ellos tenían una camioneta rural Kia Sorento color plata titanio, modelo Sorento fabricada en el 2011 de placa C2H010. Ellos recibieron una papeleta por ir a excesiva velocidad en la Vía de Evitamiento en octubre del año pasado.
En la página web oficial de KIA, una camioneta de este tipo está valorizada en aproximadamente 28 mil dólares, dependiendo del aro de la llanta y la cantidad de filas de pasajeros. La pareja Humala-Murashova le vendió esta moderna camioneta a una humilde pareja de ancianos del Rímac.
Marcelina Marcos Quispe (62) y Manuel Alberto Cuadros Livelli (57) viven junto a otros familiares en un departamento en el segundo piso de la avenida Restauración en el Rímac. Ella es militante aprista y no tiene seguro social ni número de RUC para emitir recibos por honorarios. En tanto, Manuel Cuadros trabaja en el Congreso desde junio del 2011, en el área de trámite documentario con sueldo de categoría F-1. Es decir, apenas gana S/. 1,463.92, insuficiente para poder haber adquirido el vehículo de Alexis Humala.
La transferencia de esta moderna camioneta se hizo en enero de este año, apenas semanas antes del segundo escándalo que envolvió a Krasny por presuntamente haber adulterado las fechas de vencimiento de sus medicamentos y haberlas vendido así al Estado. En esa ocasión, el Ministerio Público intervino las oficinas de la empresa y la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el cierre preventivo de las instalaciones por no contar con el registro sanitario para la comercialización.
Intentamos comunicarnos tanto con Alexis Humala como con la pareja de ancianos del Rímac, pero no obtuvimos respuesta. Todo indicaría que se trata de una venta ficticia en la que está involucrado el más joven de los polémicos hermanos del presidente Humala.
Alexis Humala ha intentado desligarse por todos los medios de Krasny, pero no se ha podido desligar de las consecuencias de los primeros escándalos. Vendió sus acciones a Armando Cumpa Sullón, quien a su vez se las traspasó a Carlos Humberto Quiñe Rodríguez, el actual gerente de Krasny. Quiñe tiene una camioneta Volvo de placa A9V235 de similares características a la primera que tuvo Ulises Humala. Ambas fueron compradas en el 2011 y podrían tener mucho más en común. Las indagaciones dirán por qué se realizaron estas extrañas ventas.

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El inteligente: Encargado político de la Brigada Lobo

Tiene acceso directo a Ollanta Humala, por encima del titular del sector, Wilfredo Pedraza. Todo indica que desempeña un rol vital en la coordinación de los grupos de élite de la Policía y las Fuerzas Armadas que luchan en el VRAE. La operación que abatió a los senderistas “Alipio” y “Gabriel” ha revelado que Iván Vega Loncharich no solo es el hombre fuerte del Ministerio del Interior, sino que tendría influencia sobre los servicios de inteligencia nacionales.

VRAEM
Detrás de todas las coordinaciones de los operativos de la Brigada Lobo –que la semana pasada logró dar muerte a los terroristas “Gabriel” y “Alipio”− se encuentra un hombre que ha preferido pasar desa-percibido. Se trata del viceministro de Orden Interno, Iván Vega Loncharich. En los últimos meses se ha convertido en el gran articulador de los grupos de élite que trabajan en el VRAE bajo distintos liderazgos.
Ingresó al ministerio en diciembre del 2011. En los pasillos de esta institución lo han bautizado como “Rambito”, debido a su gusto por vestirse con uniforme de comando a la menor ocasión. Una tendencia que debe tener su origen en los años que fue cadete de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Por razones que se desconocen no culminó sus estudios, pero el gusto por las armas, los uniformes y el manejo militar, parece que perdura a pesar de los años.
Algunos de sus colaboradores, maliciosamente, indican que esta predilección por la ropa de comando, les recuerda a Agustín Mantilla, ministro del Interior del primer régimen aprista, quien tenía la misma costumbre.
Pero más allá de estos gustos, Vega comienza a tomar notoriedad por su manejo de la inteligencia operativa en el VRAE. Justamente, apareció vestido con uniforme camuflado durante la liberación de los trabajadores de Camisea en Echarate y, posteriormente, durante el polémico rescate de los pioneritos entregados a Nadine Heredia en el 2012.
Vega ha sobrevivido a las gestiones de Daniel Lozada y Wilver Calle como titulares de la cartera del Interior, y continúa firme pese a los cuestionamientos que se le han hecho al actual ministro Wilfredo Pedraza en los últimos días. Según fuentes de Palacio, Vega Loncharich tiene acceso directo a la pareja presidencial. Ha sido varias veces voceado como posible ministro, pero ha preferido mantenerse en un cargo en el que no se desgaste políticamente, por el momento. Esa es otra similitud que tiene con Mantilla, según el analista Carlos Basombrío.
“A Pedraza se le impidió cambiar a Vega. Su relación es fuerte (con la pareja presidencial), viene de la época en la que se instalaron las comisiones de transferencia (del gobierno de García al de Humala). Le pidieron un documento y a Nadine le pareció bueno”, relata Basombrío.
El jueves pasado, Pedraza señaló ante el Congreso que Vega es el encargado, por razones de función, de conducir los aspectos vinculados con el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, entre otras cosas. Pero no señaló que Vega también tiene el encargo político del propio Humala de realizar las coordinaciones entre los grupos de las fuerzas policiales y militares que operan en el VRAE y que ahora son parte de la Brigada Especial de Inteligencia “Lobo”. Humala se mantiene informado mediante Vega.
El éxito del viceministro de Orden Interno se basa en que ha sabido articular un grupo que formalmente no existe en ningún organigrama, pero que ha cosechado buenos resultados. Incluso los documentos de power point que se elaboran para presentar las últimas operaciones no se coloca el nombre de Brigada Lobo. Lo único que se ve son los logos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público.
Pero en la práctica, el grupo sí funciona, y está compuesto por la Dircote, la Dirandro –con un papel preponderante de la Divinesp-, la Fuerza Especial Conjunta (FEC) del Comando Conjunto de las FFAA y el Comando Especial VRAE. Según fuentes de la Dircote, las labores de la Brigada Lobo están divididas en tres etapas: inteligencia, operación e investigación de las evidencias incautadas. Las Fuerzas Armadas participan en las dos primeras, y la policía en las tres etapas. El Ministerio Público también interviene.
Según el especialista Pedro Yaranga, la Brigada Lobo consta de unos sesenta hombres de todas las instituciones y tienen un espacio para descansar en Chorrillos. El primer operativo que tuvieron en conjunto fue en julio del 2012, en San Martín de Pangoa. En todos los operativos han tenido ayuda de exsenderistas que se volvieron colaboradores.
La mano de Vega Loncharich se ha dejado ver en el fino hilado, que lo convierte en uno de los hombres más importantes del Ministerio de Interior y un articulador con los servicios de inteligencia nacional. Por ahora, no se le conocen otros encargos presidenciales, pero los rumores sobre su poder e influencia empiezan a dar de que hablar y a captar la atención de analistas y medios de comunicación.

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Proselitismo millonario

En el último Mensaje a la Nación de 28 de julio, el presidente Ollanta Humala hizo especial hincapié en los programas sociales que se están implementando. Mencionó cifras de beneficiarios y metas a futuro. Incluso los agrupó como parte de la estrategia “Incluir para crecer”. Al día siguiente, un batallón de beneficiarios del programa Beca 18 desfiló frente a él en la Av. Brasil. El gobierno está tan interesado en mostrar a los beneficiarios de sus programas sociales que en los dos últimos años ha invertido aproximadamente 19 millones de soles en publicitarlos en los principales medios de comunicación.

Hasta el 2012 el programa Pensión 65 –destinado a los ancianos más pobres sin pensión del país – no había realizado ningún contrato de publicidad que figure en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Pero este año, en un solo proceso, ha invertido S/.3’459,748.84 en medios de comunicación. Según las bases de esta contratación, el objetivo no era informar a los posibles beneficiarios del programa, sino posicionar la imagen institucional en los ojos de la población adulta tras haberse cumplido un año desde que el presidente Humala lo lanzó.

Como objetivo general, se afirma que “se busca que este conocimiento ciudadano legitime la labor de Pensión 65 como un programa social del Estado que busca proteger y asistir a ciudadanos en extrema pobreza”. Para lograr esto el proceso consideró dos campañas. La primera, llevada a cabo en febrero, fue para proyectar la imagen del programa. Mientras que la segunda, realizada en junio, fue para posicionar los servicios complementarios como el acceso a establecimientos de salud de los beneficiarios.

En los cinco principales canales privados de señal abierta se emitieron un total de 202 spots (S/. 2’473,779.20), en radio, 480 spots (S/. 624,739.20) y en periódicos, 14 avisos y dos encartes de 16 páginas publicados en el diario La República (S/. 361,230.44). Pero ese no ha sido el único gasto para publicitar Pensión 65 este año.

El 17 de julio la empresa Full Textil EIRL, del empresario aprista Jesús Guerra Mondragón, recibió la buena pro de un concurso público para confeccionar el merchandising del programa. El contrato consiste en la elaboración de 5 mil gorros, 300 mil portadocumentos, 10 mil polos y 20 mil globos por S/. 714 mil 500. Es decir, sólo en la promoción de Pensión 65 se ha gastado más de 4 millones de soles en lo que va del año.

Qali Warma
El otro programa en el que se ha invertido bastante dinero en publicidad durante el 2013 es Qali Warma. A inicios de este año se llevó a cabo un proceso con veintiún medios de comunicación por un total de S/. 5’875,755.86 (1 y 2). A diferencia de Pensión 65, en esta oportunidad se consideró a algunos medios con presencia regional y al canal del Estado.

Este proceso se llevó a cabo antes de la lamentable intoxicación de 62 niños que eran parte del programa en Cusco. Contaba con cuatro campañas con diferentes objetivos. La primera de ellas, y en la que se concentró más esfuerzos, fue la etapa de intriga. En ella se presentó el programa Qali Warma y se introdujo el tema de la alimentación saludable en los menores. Se emplearon 168 spots de televisión, 8,489 spots en radio y 39 avisos en diarios.

Las otras tres etapas de este proceso fueron el develamiento, la difusión de los requerimientos alimentarios e incentivar la conformación de los Comités de Alimentación Escolar. Entre ellas, se empleó 134 spots televisivos, 42,626 en radios y 123 avisos en medios impresos. Las radios que más spots emitieron fueron las de las cadenas del cono norte CRAC Medios Publicitarios y Castillo Publimarketing con 15,120 avisos cada una, y Emisoras Cruz del Perú con 19,320.

Pero aunque la campaña de Qali Warma pretenda ser nueva, ya se había soltado propaganda antes. En setiembre del año pasado se firmaron contratos para el lanzamiento del nuevo Ministerio de Inclusión Social por un monto de S/. 3’286,677.84. Casi la mitad de toda la publicidad estuvo destinada a lanzar Qali Warma. Según cálculos de Velaverde, aproximadamente S/. 1’611,524.09 (ver recuadro en http://www.revistavelaverde.pe).

Beca 18
Pero el favorito de todos los programas es Beca 18. Esto se puede constatar con las continuas actividades que realiza el presidente Ollanta Humala con los jóvenes beneficiarios de este programa y también con algunas decisiones que se han tomado sobre su promoción.

Este año, Pronabec decidió invertir S/. 650,000 para la emisión de 29 spots de Beca 18 en la serie “Al fondo hay sitio” entre marzo y abril. La decisión se basó en que se trata del programa con mayor rating promedio de los últimos cuatro años, y tiene un multitudinario público, sobre todo, de sectores populares.

Como parte de la negociación, también consiguieron diez avisos como cabecera de tanda durante la primera semana de la campaña y un calendario de Beca 18 en la decoración de la conocida bodega de “Don Gilberto” de la serie. Todo esto fue especificado en las bases de la convocatoria.

Hasta el momento no se ha hecho ningún contrato con otro medio de comunicación este año. Pero Beca 18 fue el primer programa social en tener fuerte presencia en los medios. En el 2012 se realizaron seis procesos de contratación de spots publicitarios por la suma total de S/. 6’983,427.63.

La primera campaña de posicionamiento se llamó “Beca 18 es una realidad” y se firmó en junio del 2012. Lo que se buscaba era mostrar los primeros resultados del programa y motivar a que más jóvenes participen. Para eso, se contrató 179 spots en ocho canales de televisión, 330 spots radiales y 13 avisos en diarios. Por todo ello, se pagó S/. 1’484,481.85.

Las siguientes campañas publicitarias que se contrataron a lo largo del 2012 fueron “Beca 18 ya está en el VRAEM” (S/. 1’459,871.72), “Beca 18 Internacional, mejores profesionales para el Perú” (S/. 1’459,871.72), “Beca 18: Efectiva inclusión en educación superior” (S/. 1’599,717.14), “Beca 18 FFAA: A paso ligero” (S/. 799,718.85) y “Beca 18 Repared: Educación con justicia e inclusión social” (S/. 179,766.35). En los spots presentaban a jóvenes que han sido beneficiados con el programa.

Hasta el momento, Beca 18 ha beneficiado a 14 mil jóvenes de escasos recursos y, según lo anunciado por Humala, se espera al 2016 llegar a 40 mil beneficiarios. Mientras, Pensión 65 ha dado cobertura a 275 mil adultos mayores y Qali Warma a dos millones y medio de niños. Pero el elevado costo de las campañas publicitarias de tres de los principales programas sociales (S/. 19’294,956.42) podría generar que se dude de las buenas intenciones, y se empiece a pensar en un proselitismo millonario.

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Se agota el amor

Las relaciones están tensas al interior de la Confluencia de partidos que apoyan la gestión de Susana Villarán. El último proceso interno para elegir a sus candidatos dejó heridos que podrían no resistir hasta las elecciones complementarias para reemplazar a los regidores vacados en noviembre.

SUSANA VILLARAN EN MITIN CON LOS JOVENES. FOTOS YANINA PATRICIO

El lunes 5, la alcaldesa Susana Vi­llarán se reunió con sus regido­res para proponer en conjunto al candidato que ocuparía el primer lugar de la lista que participará en las elecciones complementarias de no­viembre. Por mayoría eligieron a la regidora Marité Bustamante, según comentaron a Velaverde cuatro regi­dores. Consideraron que era la más idónea para encabezar la lista de los candidatos por la que 1,200 izquier­distas votaron el domingo 4. En esa elección se reservó el número 1 para el invitado propuesto por Villarán y el doce para el del Partido Nacionalista de la facción de Marco Olivera.

Las críticas al proceso se evidencia­ron en redes sociales. Y eso también se vió en las reuniones entre Villarán y su bancada. Según las mismas fuen­tes, la alcaldesa les había expresado su profunda amargura por la forma en la que los partidos de izquierda, que respaldan su gestión −Confluencia por Lima− habían elegido la lista de regidores. La puntería estaba sobre todo en Tierra y Libertad, de Marco Arana y la exregidora Marisa Glave.

Meses atrás, después de terminada la campaña de revocatoria, el acuerdo al que había llegado la Confluencia era mantener las alianzas con los partidos de centro que apoyaron el No. Pero con el tiempo, Perú Posible, Acción Popu­lar y el PPC se desmarcaron.

En la práctica, el único que queda­ba era el Partido Humanista de Yehu­de Simon. Pero a Tierra y Libertad, el Partido Socialista y otro sector de la izquierda no le interesaba aliarse con él, por haber sido primer ministro de Alan García durante el “Baguazo”. Por eso, en la asamblea del jueves 25 se impuso a gritos que se haga explícito que no iban a ir con Simon, según ma­nifestaron dos dirigentes que partici­paron de las arengas. Así, la izquierda decidió ir sola.

Lo paradójico es que, meses atrás, militantes de Tierra y Libertad bus­caron a Simon para que los ayude en la confrontación que hubo entre el Municipio de Lima y el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.
Ya solos, la discusión giraba en tor­no a cómo armar la lista. El teniente al­calde Hernán Núñez pidió que la nue­va lista se arme en base a los regidores que ya estaban en el cargo. Pero no tuvo consenso entre los sectores de izquier­da que pedían elecciones primarias.

Según dos integrantes del comité negociador, el miércoles 31, Fuerza Ciudadana propuso que se le otorgue el número uno de la lista a un invitado de Villarán, el dos a Tierra y Libertad, y el tres a un representante de los mo­vimientos sociales. Del cuatro en ade­lante iban a definirse en elecciones. Al día siguiente, Fuerza Social presentó una reconsideración a pedido de Vi­llarán. Ahora pedían que se le dé al municipio las nueve primeras candi­daturas para los regidores de todos los partidos de izquierda y que el resto sea en elecciones.

Inicialmente, la propuesta no gene­ró adeptos porque consideraban que era antidemocrática. Pero terminó ga­nándose el respaldo de Patria Roja, el Partido Comunista, Ciudadanos por el Cambio y Voz Socialista. El Partido Socialista y Tierra y Libertad queda­ron en minoría.

Las mismas fuentes aseguraron que el viernes 2 empezaron a armar la lista sin debatir la experiencia de cada candidato. Y el sábado, Tierra y Li­bertad jugó su última carta tras haber perdido todos los intentos de recon­sideración. Marisa Glave anunció que ellos iban a retirar a sus candidatos de la lista. Al ver que la situación era crí­tica, desde el municipio, Susana Villa­rán retira su propuesta y pide que se someta toda la lista a votación abierta. Estaba harta y no quería ni siquiera invitar al primero.

Así, con menos de 24 horas de an­ticipación, se convocó a la elección de los candidatos. En esa relación solo se había considerado a seis de los actuales regidores. Afortunadamente para ellos, los votos pusieron en los primeros lu­gares a los que ya estaban en el cargo.

Pero el descontento no es exclusi­vo de la alcaldesa. Tres de los cuatro candidatos que quedaron en las pri­meras posiciones (Ricardo Sifuentes, Ivonne Tapia y Fidel Ríos) pensaron en renunciar por la forma en la que se había llevado el proceso.

“Al no entender el contexto, se optó por mecanismos en los que, si bien coincido en el propósito, se ha plan­teado sin darle importancia a la conti­nuidad de la bancada”, señala el regidor Luis Gárate. Mientras que el teniente alcalde Hernán Núñez considera que lo que se hizo va en contra del discurso de no interrumpir la gestión que se re­calcó durante la campaña del No.

Las elecciones complementarias de regidores no solo han generado pu­yas en la izquierda. El PPC llevó una elección interna oscura sin preceden­tes. Aproximadamente 100 militantes acudieron a votar, según afirmó su vi­cepresidente, Rafael Yamashiro. Todos ellos se enteraron de los nombres de los candidatos en la urna de votación.

Yamashiro indica que, meses atrás, la Comisión Política del PPC decidió ar­mar una sola lista de consenso. Le die­ron preferencia a los cuadros que tenían experiencia municipal. Pero no se deba­tió abiertamente sus cualidades, según las voces críticas del partido. Algunos fueron llamados a última hora como la secretaria departamental de juventu­des, Miluska Carhuayano. Ella confesó que fue convocada para integrar la lis­ta apenas tres días antes de la elección. Aunque también señaló que sabía con antelación que podía ser llamada.

Las peleas internas que se han dado en ambos lados podrían haber sido in­necesarias. Por cada regidor, los parti­dos necesitan obtener 4.6% del voto de Lima. Así, para que entren cinco, la agrupación necesita obtener 22.7%. Con la fragmentación actual, es poco probable que cualquier lista obtenga un número importante de regidores. Todos van a ser minorías.

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Volando lejos (con marihuana)

Mientras Uruguay está a punto de convertirse en el primer país en legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico, en Perú es casi un tabú discutir medidas como esta. Existe consenso en que se debe seguir luchando bajo el modelo actual.
marihuana
En junio del año pasado, el gobier­no uruguayo anunció la decisión de impulsar la legalización de la venta de marihuana en todo el país. La decisión era impopular pero el presi­dente José Mujica estaba convencido que el modelo represivo con el que se ha combatido la droga y el narcotráfico en los últimos años no ha funcionado.

“La marihuana es una plaga como es el tabaco. Y ninguna adicción, sal­vo la del amor, es recomendable, pero están ahí. El problema es lo que hay detrás de la marihuana que es el nar­cotráfico. Si lo dejamos en la clandes­tinidad, le regalamos un mercado. Lo que nosotros defendemos es que se haga cargo el Estado. Si te estás pasan­do, te controlo, marche al hospital que tiene que ser atendido y no le dejo ese mundo a que lo controle la delincuen­cia”, aseguró meses más tarde en una entrevista a la Televisión Española.

Pero la propuesta que la sema­na pasada tuvo éxito en la Cámara de Diputados y está a la espera de la votación en la de Senadores no fue una ocurrencia de última hora de su gobierno. Desde febrero del 2011 ya existía un consenso entre el oficialista Frente Amplio y las demás bancadas. Incluso fue el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente y contendor de Mujica en la segunda vuelta del 2009, Luis Lacalle de He­rrera, el primero en proponer una ley para permitir el cultivo personal de marihuana.

Las estadísticas en ese país son preocupantes. Según el secretario ge­neral de la Junta Nacional de Droga de Uruguay, Julio Calzada, hoy hay 120% más de personas que acceden a la ma­rihuana que en el 2001. Son alrededor de 75 mil hombres y mujeres que la consumen mensualmente. La cifra del acceso de menores de edad también se ha elevado. Mientras que en el 2003, el 8.4% de escolares consumía; en el 2007 subió a 14.8%, y la curva no ha decaído.

Uno de los grandes problemas que motivó el debate sobre la norma fue la gran cantidad de personas que eran en­carceladas por haber sido encontradas con marihuana. Como la actual legisla­ción uruguaya no pone un límite máxi­mo permitido de posesión, el criterio quedaba a consideración de los jueces. Según IPS, entre el 2006 y 2009 fueron apresadas 651 personas por la posesión de pocos gramos de cannabis que bien podrían haber sido para uso personal y no para la comercialización.

La ley en proceso busca no solo que el Estado regule la distribución, sino también establecer un tope de compra mensual de 40 gramos por consumi­dor. Y se creará el Instituto de Control y Regulación del Cannabis para fiscali­zar el cumplimiento de la norma. Para Fernando Rospigliosi, estas medidas responden a una fuerte tendencia en América Latina a considerar que el narcotráfico no es controlable con me­didas represivas, y por tanto hay que buscar alternativas. Si se legalizara, po­drían desaparecer las mafias y el dinero que se usa para la erradicación se em­plearía para combatir el consumo.

En el último año, las encuestas han dado cifras casi invariables. El 64% de la población uruguaya está en con­tra de este proyecto y solo el 26% está a favor. Fruto de ello, la votación en la Cámara de Diputados ha sido bastante ajustada. Los 50 votos a favor que con­siguió la norma fueron del oficialismo. La oposición apoyó algunos puntos de la reforma pero cuestionó la mayoría de aspectos con el argumento de que el Es­tado no estaba preparado para enfrentar la nueva situación que se va a generar.

EL DEBATE EN EL PERÚ
El debate en Perú está lejos de pa­recerse al de Uruguay. En el Congreso peruano son pocos los que se mani­fiestan a favor de analizar la propuesta que se está planteando en Montevideo. Incluso liberales como el legislador Carlos Bruce tienen posiciones con­servadoras. Él considera que este tipo de medidas solo podrían funcionar en países en los que no se produce. Pero en una nación como la nuestra no sería buena idea que el Estado se encargue de la administración, pues los narco­traficantes tienen el suficiente dinero para corromper el sistema.

El tema no tiene aún consenso ni discusión al interior de las bancadas. En el oficialismo, Ana María Solórza­no es partidaria de mantener la política represiva con la que se viene afrontan­do el problema actualmente, pues para ella lo importante es alejar a los jóvenes del consumo de drogas.

Su colega de bancada, Jaime Delga­do, tiene una posición más compleja sobre el tema. Él parte del punto que todos debemos estar en contra del consumo y del narcotráfico, pero que sí se debería observar lo que está pa­sando en Uruguay y discutirlo global­mente. “No están dando resultados las políticas actuales de represión porque hay mucho dinero de por medio. Si se legalizara no sería para fomentar el consumo, sino para identificar las ma­fias y combatir el narcotráfico”, señala. Siguiendo el modelo uruguayo, Delgado considera que si se abre el mercado, el Estado tiene que tener un rol importante en controlarlo.

Una posición más liberal tiene Luis Galarreta (APGC). Para él, la prohibi­ción resulta más nociva. Una legisla­ción menos rigurosa y controlista po­dría combatir mejor a las mafias y la corrupción de funcionarios. Pero para poder dar ese paso se debería garanti­zar que la apertura no genere ningún tipo de discriminación o restricción laboral, salvo aquella en la que el exce­so de consumo pueda generar incon­venientes. Además, considera que hay otro paso que el Estado debe dar: ga­rantizar que existan los servicios para que cualquiera pueda recuperarse de una adicción que el consumo le genere.

Pero su opinión es individual, y no necesariamente sería la de la ban­cada ni mucho menos la del Pleno en un eventual debate sobre el tema. Para el resto de congresistas entrevistados para esta nota, Alejandro Aguinaga, Carlos Tubino (FP), Javier Velásquez Quesquén (CP) y José León (PP), la so­lución al problema del narcotráfico no pasa por medidas similares a las que está tomando Uruguay, pues es difícil controlar una población más numero­sa y nuestro principal problema no se centra en el consumo, sino en la masiva producción de droga. Por ahora, el país seguirá luchando contra el narcotráfico con el mismo modelo de siempre, pese a que el esfuerzo que se ha hecho no ha servido para alejarnos del top de pro­ductores de droga del mundo.

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Los ofrecimientos de Antauro

El hermano del presidente le ofreció a la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, un abogado ad honorem para que la ayude con su proceso de vacancia a cambio de que reciba a un empresario de su confianza.

Desde el penal de Chorrillos, Antauro Humala no solo hizo coordinaciones con la alcal­desa de Tocache y Corina de la Cruz, para intentar colocar a un empresario cercano a él en la obra más grande de ese distrito. Hasta el momento se sabe que ambos personajes mantuvieron conversaciones sobre el proyecto de agua y saneamiento que costaría 42 millones de soles. Antauro había ofre­cido apoyarla colocando reservistas para que se encarguen de su seguridad y ayudarla con la asesoría legal de su prima Liliana Humala.

Un nuevo audio obtenido en ex­clusiva por Velaverde grabado por la burgomaestre revela que el hermano del Presidente de la República estaba dispuesto a facilitarle otro abogado ad honorem a cambio de que reciba a su amigo empresario Carlos Repetto.

AH: Ya, ¿tienes un abogado de con­fianza acá?
CDC: No, tú sabes que los aboga­dos en Lima cobran muy caro.
AH: Ya, escúchame. Yo te voy a co­locar abogado ad honorem, muy bue­no, mi amigo y de confianza. Enton­ces, te voy a ayudar, no te preocupes. Él es excelente abogado, me ha hecho ganar varias cosas, también (…) de mis hermanos. Ya, entonces ¿cuándo estás por Lima otra vez? Para presentártelo.
CDC: Mira, por ahora todavía no voy. Fui la semana pasada a ver mi proyecto de agua y desagüe. El MEF ha sacado de la (página de) transparen­cia del presupuesto. No existe ahí, en­tonces yo he mandado un documento porque no se puede permitir que mi presupuesto me vuelvan a quitar pues.
AH: Ah, caramba. Ya, dime, y tam­bién las obras (…) todo ¿no?
CDC: No, todavía, tú sabes que por esa obra me han suspendido, me ha­cen guerra. Y todavía no se hace eso, ni siquiera empezamos la obra, no hay nada. Tú sabes que me suspendieron.
AH: Ya, ya. Mira, quiero mandar a mi amigo reservista Roger con un em­presario muy amigo mío, quiere llegar mi promocional. Te lo quiero enviar para que se entreviste contigo. Háblale con confianza. El hombre es excelente, chamba, responsable. Y cuando estés por Lima yo te voy a ayudar, te voy a poner un abogado que ha sido mi abo­gado y que me ha defendido muy bien en esta cuestión de mi reincorpora­ción al Ejército.

Aunque el hermano del presidente no mencionó al abogado que la apo­yaría en su caso, se trataría de uno de los asesores de su padre Isaac Humala: John Reid Espinoza o Ricardo Franco de la Cuba. Este último ha sido denun­ciado por su hermano Carlos Franco por haber firmado documentos usan­do su nombre, ya que no tiene el título de abogado.